Activista denuncia al vocal Tahuichi ante el TSE por irregularidades

Peter Beckhauser acusa al vocal Tahuichi Quispe de incumplir principios electorales al otorgar plazos extraordinarios al MAS para presentar estados financieros.
El Deber

Activista Beckhauser denuncia al vocal Tahuichi ante el TSE por presunto incumplimiento

La acusación alega irregularidades en la fiscalización de estados financieros del MAS. El activista presentó la demanda este 2 de junio, coincidiendo con el proceso de habilitación de candidatos. El TSE aún no se ha pronunciado sobre el caso.

«Plazos extraordinarios y faltas graves»

Peter Erlwein Beckhauser, conocido por impulsar acciones legales contra partidos políticos, acusa al vocal Tahuichi Tahuichi Quispe de incumplir principios electorales al otorgar al MAS un «plazo extraordinario» el 5 de febrero para presentar sus estados financieros, tras dos prórrogas previas. Según su denuncia, esto vulneraría el Reglamento de Fiscalización, considerándose «faltas muy graves».

Antecedentes del activista

Beckhauser fue postulado inicialmente por la alianza Unidad de Samuel Doria Medina, pero fue removido por problemas de «confianza». Previamente, había denunciado al MAS por no rendir cuentas de más de Bs 10 millones en aportes de militantes, solicitando incluso la anulación de su personería jurídica.

Un partido bajo la lupa

El MAS, con un millón de militantes registrados, enfrenta escrutinio por sus finanzas. El TSE no ha evaluado aún la denuncia sobre su vigencia, ni la acusación contra Tahuichi, quien días antes advirtió que el proceso electoral está «al borde de la criminalidad».

Elecciones en juego

El contexto es tenso: el TSE debe publicar las listas de candidatos habilitados el 6 de junio, mientras persisten disputas sobre transparencia electoral. Beckhauser insiste en que las actuaciones del vocal podrían afectar la imparcialidad del proceso.

Esperando respuestas

La resolución del TSE marcará un precedente sobre el cumplimiento de normativas por parte de autoridades y partidos. El caso refleja la polarización en torno a la fiscalización electoral, clave para la legitimidad de los comicios.