Vocales del TSE pedirán medidas cautelares por amenazas

Vocales del TSE solicitarán protección tras amenazas de grupos afines al MAS-IPSP. El ministro Ríos garantizó seguridad, pero la tensión persiste.
El Deber

Vocales del TSE pedirán medidas cautelares tras amenazas de ‘evistas’

Dirigentes evistas amenazaron a vocales y sus familias tras los enfrentamientos en La Paz. El vocal Francisco Vargas confirmó que solicitarán protección ante Derechos Humanos, mientras el ministro Ríos garantizó su seguridad.

«Por las buenas o por las malas»: la advertencia evista

El jueves, seguidores del expresidente Evo Morales exigieron la liberación de detenidos durante los choques con la Policía. Enrique Mamani, dirigente intercultural, advirtió: «Tenemos identificados a los traidores del TSE, sus casas y familiares». Reveló direcciones específicas de vocales como Hassenteufel y Tahuichi Tahuichi, insistiendo en que actuarían «a las buenas o a las malas».

Respuesta institucional

Vargas aseguró que el TSE no cederá a presiones: «Sesionaremos donde sea necesario, cumpliendo la ley». Aunque confirmó que aún no se tomaron medidas concretas, destacó que trabajan «normalmente». El ministro Ríos añadió: «Garantizamos la seguridad de todos los bolivianos», evitando polemizar con los evistas.

Operativo electoral bajo tensión

Las autoridades del Órgano Electoral sesionaron en el SERECI de Santa Cruz como medida precautoria. Vargas reiteró que las decisiones se tomarán «en tiempos prudentes», pese a las amenazas. La sede cruceña se convirtió en refugio temporal para algunos vocales.

Un clima que se repite

Los incidentes ocurren en un contexto de polarización política recurrente en Bolivia, donde sectores afines al MAS-IPSP han protagonizado protestas frente a decisiones del TSE. La tensión escaló tras los arrestos del jueves, reactivando patrones de confrontación históricos.

Seguridad en juego

El desafío inmediato es garantizar la integridad de los vocales mientras el TSE ejerce sus funciones. Las medidas cautelares y la respuesta gubernamental definirán si el órgano puede operar libre de intimidaciones, en un escenario donde las amenazas ya se materializaron en datos personales expuestos.