Bolivia mantiene trámites de contratos de litio pese a medida judicial

El gobierno boliviano continúa con los trámites para aprobar contratos de litio con empresas rusa y china, pese a una orden judicial de suspensión solicitada por campesinos.
Agencia de Noticias Fides - Bolivia
Tres personas sentadas frente a un micrófono en una mesa, con banderas detrás.
Imagen de una conferencia con tres personas sentadas, dos mujeres y un hombre, en una mesa con fondo de banderas y un cartel del ministerio.

Gobierno boliviano mantiene trámites de contratos de litio pese a medida judicial

Viceministro Arnez afirma que no fueron notificados de la suspensión. El Ejecutivo sigue impulsando la aprobación de acuerdos con empresas rusa y china. La justicia ordenó paralizar los convenios tras una demanda de campesinos potosinos.

«Seguimos avanzando sin notificación oficial»

El viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, declaró que continuarán los trámites para aprobar los contratos con Uranium One Group (rusa) y Hong Kong CBC (china). «Mientras no seamos notificados, seguimos trabajando», insistió durante una rueda de prensa en La Paz este 28 de mayo. Los acuerdos buscan industrializar litio en el Salar de Uyuni.

Medida cautelar ignorada

El juez Edson Villarroel Herrera ordenó suspender cualquier acción relacionada con los convenios, tras una tutela presentada por campesinos de Nor Lípez (Potosí). Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el Ministerio de Hidrocarburos son los afectados por la resolución. Arnez reiteró que el Gobierno presentará un protocolo ambiental como defensa.

Litio en el limbo legal

Los contratos ya están en la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación. Este conflicto judicial surge en un contexto de creciente demanda global de litio, recurso estratégico para Bolivia. En 2023, el país aceleró alianzas con empresas extranjeras para explotar sus reservas, las más grandes del mundo.

Un recurso que divide aguas

La disputa refleja tensiones entre el desarrollo económico y los derechos de las comunidades. Mientras el Gobierno insiste en que los contratos son vitales para la industrialización, los campesinos exigen garantías ambientales y participación. La resolución final dependerá de la notificación formal y la respuesta institucional.

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