Comunidades frenan contratos de litio por falta de consulta y estudios ambientales
La justicia suspendió temporalmente los acuerdos con empresas extranjeras. Las 53 comunidades de Nor Lípez exigen participación en la ley marco del litio y evaluaciones de impacto ambiental. El conflicto surge por temor al daño en recursos hídricos y biodiversidad.
«El desarrollo no puede pasar por encima de nuestros derechos»
Un juez de Colcha «K» ordenó el 12 de mayo paralizar los contratos firmados por YLB y el Ministerio de Hidrocarburos. La medida cautelar prohíbe acciones administrativas u obras hasta resolver la Acción Popular interpuesta. «Exigimos información clara y consulta previa», declaró Iván Calcina Copa, líder de las comunidades.
Temor por el agua y la biodiversidad
El 95% de las comunidades depende de pozos de agua, recurso escaso en la zona. Calcina denunció que no hay estudios serios sobre el impacto en fauna, flora o fuentes hídricas. Además, señaló movimientos de maquinaria cerca del Salar de Uyuni sin explicación a los habitantes.
Reclamo por participación indígena
Las comunidades piden construir participativamente una ley marco del litio y realizar consultas previas legítimas. «No nos oponemos al desarrollo, pero debe respetar nuestros derechos», insistió Calcina. La próxima audiencia será el 5 de junio.
Antecedentes: Un salar en disputa
El Salar de Uyuni, la mayor reserva mundial de litio, ha sido objeto de tensiones entre el Estado, empresas y comunidades. En mayo de 2025, cooperativas mineras ya habían solicitado modificar la protección del área para explotar el mineral, según reportó ED Verde.
El diálogo como próximo paso
El conflicto judicializado evidencia la necesidad de mecanismos transparentes para proyectos extractivos. La resolución dependerá de si se garantizan estudios ambientales y participación indígena, mientras el Gobierno podría apelar la decisión.
