Gobierno boliviano lamenta paralización de contratos de litio por fallo judicial
Un juez ordenó suspender los acuerdos con empresas china y rusa. El ministro Montenegro critica que esto «retrasa el progreso» en Potosí y Oruro. La medida responde a una acción popular de comunarios que exigen garantías ambientales y consulta previa.
«El perjudicado es el país»: la postura oficial
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó este miércoles que la paralización de los contratos con CBC (China) y Uranium One (Rusia) «retrasa el progreso» en regiones con reservas de litio. Criticó que la Asamblea Legislativa no priorizó su aprobación y defendió que el Gobierno «ya cumplió su parte» al enviar los documentos.
Detalles del fallo judicial
Un juez de Colcha K (Potosí) emitió medidas cautelares el martes, prohibiendo el tratamiento legislativo de los contratos y obras relacionadas. La decisión responde a una acción popular presentada por comunarios, quienes exigen consulta previa, estudios de impacto ambiental y regulación específica para la explotación en el Salar de Uyuni.
Comunarios vs. industrialización: el conflicto detrás del litio
Los demandantes buscan garantizar derechos colectivos y protección ambiental, mientras el Gobierno insiste en que «las regiones deben desarrollarse con sus recursos naturales». El litio, clave para baterías de vehículos eléctricos, concentra inversiones extranjeras en Bolivia, pero enfrenta tensiones por modelos de explotación.
Un recurso estratégico en pausa
Bolivia alberga las mayores reservas mundiales de litio, concentradas en el Salar de Uyuni (Potosí). Desde 2020, el Gobierno impulsa su industrialización con socios extranjeros, pero proyectos previos enfrentaron críticas por bajo impacto local y falta de consultas. Esta es la primera vez que un fallo judicial paraliza contratos firmados.
El litio sigue en el limbo
El conflicto judicial retrasa la inversión extranjera y deja en incertidumbre el cronograma de industrialización. Mientras el Gobierno apela a la «urgencia económica», los comunarios exigen participación. La Asamblea Legislativa deberá definir su postura ante las cautelares.
