Justicia suspende contratos de litio en Bolivia tras demanda indígena
Un juzgado ordena paralizar obras y trámite legislativo como medida cautelar. Comunidades de Potosí exigen consulta previa y estudio ambiental. El Gobierno califica el fallo como «retroceso» y defiende su gestión.
«Es un retroceso este fallo judicial»
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó que la suspensión de contratos perjudica el desarrollo del litio. «El Gobierno cumplió al enviar los contratos a la ALP», declaró. La medida judicial responde a una acción popular de pobladores de Nor Lípez, Potosí, que exigen participación comunitaria y evaluaciones ambientales.
Detalles del fallo
El juzgado de Colcha K prohibió cualquier obra o acción administrativa relacionada con los contratos. También ordenó detener su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Las empresas afectadas prestan servicios tecnológicos para la extracción, según el ministro.
El litio bajo presión
Bolivia posee 23 millones de toneladas de reservas de litio, recurso estratégico para la transición energética. Las comunidades argumentan que los contratos no cumplen con procesos de consulta previa ni tienen una ley marco que los regule. El Gobierno insiste en que su aprobación legislativa garantizaría seguridad jurídica.
Un recurso entre dos aguas
El conflicto refleja la tensión entre desarrollo económico y derechos indígenas. Mientras el Ejecutivo prioriza la inversión en el sector, las comunidades exigen mayor participación. Esta disputa ocurre en un contexto de crisis económica marcada por protestas por alza de precios y escasez de combustible.
El litio en espera
La resolución judicial congela temporalmente un proyecto clave para la economía boliviana. Su futuro dependerá de cómo se aborden las demandas ambientales y sociales, mientras el Gobierno busca reactivar el proceso legislativo.