Gobierno boliviano lamenta fallo judicial que frena contratos de litio
Un juez ordenó suspender los convenios con empresas extranjeras en Uyuni. La medida responde a una acción popular de campesinos de Potosí y mantiene paralizadas las obras hasta realizar un estudio de impacto socioambiental. El ministro de Economía calificó la decisión como un «retroceso» para el desarrollo regional.
«Hacemos un retroceso»: La batalla legal por el litio
El juez Edson Villarroel Herrera acogió la tutela solicitada por campesinos de Nor Lípez, quienes exigían la protección de derechos indígenas y ambientales. La resolución obliga a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y al Ministerio de Hidrocarburos a «suspender cualquier acción relacionada con los contratos» firmados con Uranium One Group y Hong Kong CBC.
El argumento del Gobierno
El ministro Marcelo Montenegro aseguró que los contratos solo involucran servicios de extracción, no inversiones directas, y criticó que la Asamblea Legislativa no priorizó su aprobación. «Hay corresponsabilidad por no haber impulsado el desarrollo regional», declaró, descargando responsabilidades en el órgano legislativo.
Los reclamos de las comunidades
Los campesinos exigieron el respeto a la consulta previa, el acceso al agua y un ambiente sano. El fallo judicial mantendrá la suspensión hasta que se realice un «estudio integral de impacto socioambiental», no contemplado inicialmente por YLB.
El litio, entre la prisa y los derechos
En febrero de 2025, el presidente de YLB, Omar Alarcón, había señalado que el estudio ambiental se haría después de la aprobación legislativa de los contratos. El Salar de Uyuni, la reserva de litio más grande del mundo, enfrenta tensiones entre desarrollo económico y protección de comunidades.
Un freno con consecuencias pendientes
La paralización afecta proyectos clave para Oruro y Potosí, según el Gobierno. La resolución judicial, notificada a la Asamblea Legislativa, podría retrasar la explotación del litio boliviano hasta que se cumplan las condiciones ambientales y sociales exigidas.
