YLB niega vulneración de derechos en contratos de litio

Yacimientos de Litio Bolivianos asegura que los contratos con empresas china y rusa no están vigentes y responderá legalmente si recibe notificación formal.
El Deber

YLB niega vulneración de derechos en contratos de litio y aclara que no están vigentes

La estatal boliviana asegura que responderá legalmente si recibe notificación formal. Comunarios de Nor Lípez obtuvieron medidas cautelares para frenar proyectos extractivos en el Salar de Uyuni. YLB insiste en que los acuerdos con empresas china y rusa aún no operan.

«No hay actividades en curso», afirma la empresa estatal

Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) desmintió versiones sobre acciones legales inmediatas por parte de comunidades indígenas. En un comunicado, explicó que los contratos con las firmas CBC (China) y Uranium One Group (Rusia) «no están en vigencia», por lo que no se han iniciado operaciones. La empresa prometió responder técnicamente si recibe una notificación judicial formal.

Medidas cautelares a favor de las comunidades

Un juzgado de Potosí ordenó paralizar el tratamiento legislativo de los contratos hasta que se presenten estudios de impacto ambiental. La Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (Cupconl), que agrupa a 53 comunidades, celebró la decisión como «una victoria judicial histórica» contra proyectos que, según ellos, amenazan sus derechos y fuentes de agua.

Una década de tensiones por el litio

Bolivia lleva más de diez años intentando industrializar sus reservas de litio en el Salar de Uyuni, pero enfrenta conflictos entre intereses estatales, indígenas y mineros. En mayo de 2025, cooperativas mineras pidieron modificar la protección del salar para permitir su explotación, mientras las comunidades exigen mayor participación y salvaguardas ambientales.

El litio sigue en pausa

El futuro de los proyectos depende ahora de resoluciones judiciales y cumplimiento de requisitos ambientales. YLB mantiene su postura de actuar dentro del marco legal, pero el conflicto refleja los desafíos para conciliar desarrollo económico, derechos indígenas y protección ambiental en Bolivia.