Organizaciones argentinas recurren a hábeas corpus contra militarización fronteriza
La Mesa de DDHH de Salta busca frenar el Plan Roca, que autoriza a militares argentinos a detener civiles en frontera con Bolivia. Presentaron la acción el 27/05/2025 tras el despliegue ordenado en abril por el ministro de Defensa Luis Petri.
«Inconstitucionalidad y derechos en juego»
El abogado Martín Plaza confirmó que el hábeas corpus impugna el DNU 1112/2024 y la Resolución 347, que permiten a las Fuerzas Armadas argentinas detener civiles en flagrancia. «Violan derechos básicos como la libertad ambulatoria y el debido proceso«, declaró. También solicitaron una medida cautelar para suspender el operativo hasta que un juez federal se pronuncie.
Operativo en ciudades clave
El Plan Roca se implementa en Tartagal, Aguas Blancas y Salvador Mazza, zonas fronterizas con Bolivia. El ministro Petri justificó el despliegue para combatir narcotráfico, aunque organizaciones bolivianas como los Comités Cívicos de Tarija y Potosí alertaron sobre posibles tensiones bilaterales.
Voces desde ambos lados de la frontera
Henry Medrano, presidente del Comité Cívico de Yacuiba, subrayó que cualquier medida debe respetar los derechos ciudadanos: «Si se cumplen estas condiciones, son necesarias para proteger a la población«. Mientras, las organizaciones argentinas insisten en que el rol de las Fuerzas Armadas debe limitarse a tareas de vigilancia, no de detención.
Un precedente con historia
La militarización de fronteras en Latinoamérica ha sido recurrente ante crisis de seguridad, pero suele generar controversias por riesgos a derechos fundamentales. En abril de 2025, Argentina reactivó este debate con el Plan Roca, que retoma figuras legales cuestionadas en el pasado.
La justicia tendrá la última palabra
El caso ahora depende del Juzgado Federal de Orán, que evaluará la constitucionalidad de las normas impugnadas. Su decisión marcará el futuro del operativo y sentará un precedente sobre el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.