Juez federal rechaza apelación de Trump sobre deportación a Sudán del Sur
El magistrado Brian Murphy acusa al Gobierno de violar órdenes judiciales y el debido proceso. Siete deportados permanecen en una base militar de EE.UU. en Yibuti. La disputa refleja tensiones entre el Poder Judicial y la Casa Blanca por políticas migratorias.
«La razón debe vencer a la retórica»
El juez Murphy, designado por Biden, rechazó la solicitud de la Administración Trump para reconsiderar su fallo que protege a deportados ante riesgos de tortura o muerte. «Las órdenes emitidas son sensatas y conservadoras», subrayó en su resolución. Los afectados son siete hombres con antecedentes penales, enviados a Sudán del Sur sin aviso suficiente.
Detención en Yibuti
Los deportados están retenidos en la base militar estadounidense Camp Lemmonier, tras un acuerdo propuesto por el Gobierno. Murphy aclaró que «nunca ordenó convertir la base en un centro de inmigración», sino que aceptó la opción planteada por el Departamento de Justicia.
Trump ataca al juez en redes sociales
El expresidente y su asesor Stephen Miller acusaron a Murphy de «ideología peligrosa» y de poner en riesgo a agentes de ICE. Trump afirmó falsamente que el juez obligó a dejar agentes en Yibuti. Murphy respondió: «La falta de claridad parece ser una estrategia de evasión».
Debido proceso en juego
El conflicto surge por deportaciones aceleradas a países como Sudán del Sur, Libia o El Salvador, sin tiempo para consultar abogados. Murphy recordó que, pese a los antecedentes de los deportados, «el debido proceso no puede ignorarse».
Antecedentes: Una batalla legal recurrente
La Administración Trump ha impulsado deportaciones exprés desde 2025, chocando con órdenes judiciales que exigen aviso previo y derecho a impugnar el destino. Jueces federales han bloqueado reiteradamente estas prácticas por violar garantías constitucionales.
Un pulso institucional sin final claro
El fallo mantiene en vilo a los deportados mientras se resuelve su situación. La disputa evidencia la pugna entre el Ejecutivo y el Judicial sobre el alcance de las políticas migratorias y los límites del debido proceso.
