El Gobierno boliviano reporta apoyo ciudadano y advierte acciones legales contra responsables de bloqueos

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, destaca el respaldo ciudadano al Estado de excepción y advierte acciones legales contra los responsables de los bloqueos de más de 50 días.
Correo del Sur
/ Diario Correo del Sur

Oviedo reporta apoyo ciudadano y amenaza con intervenir el Trópico

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, destacó este sábado el respaldo ciudadano durante el Estado de excepción y advirtió acciones legales contra los responsables de los bloqueos de más de 50 días. Aseguró que la Policía avanza sin incidentes hacia Oruro y que la población colabora retirando obstáculos.

Apoyo ciudadano y avance de los operativos

Oviedo señaló que los operativos policiales se desarrollan sin contratiempos y que existe una amplia aceptación de las medidas para restablecer la libre circulación. En varios puntos, la propia población colabora retirando piedras y escombros de las protestas. El ambiente de alivio y respaldo ciudadano es evidente en las primeras horas del Estado de excepción.

Amenaza de intervención en el Trópico de Cochabamba

El ministro no descartó una intervención en el trópico de Cochabamba y afirmó que el Estado de excepción tiene alcance nacional. «Si se va a intervenir el Trópico, se va a intervenir», declaró, aunque precisó que la decisión dependerá de los planes operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.

Antecedentes: bloqueos y violencia durante 50 días

Según el informe de Oviedo, los bloqueos y hechos de violencia se extendieron por más de 50 días en el país, causando daños en la ciudad de El Alto, como la quema de la Alcaldía del Distrito 8 y destrozos a viviendas. El ministro vinculó estos actos a grupos del trópico de Cochabamba y señaló que varias personas fueron aprehendidas transportando dinero que presuntamente financiaba los bloqueos.

Implicaciones: acciones legales y resarcimiento económico

Oviedo advirtió que Evo Morales podría enfrentar investigaciones por delitos de terrorismo y daño económico relacionados con las movilizaciones. Aseguró que las pérdidas millonarias a empresarios, productores y transportistas deben ser resarcidas. El gobierno mantiene bajo observación la situación en San Julián y garantiza el acompañamiento del Ministerio Público en los operativos policiales y militares.

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