Ministro boliviano acusa a seguidores de Morales de intentar «tumbar al Gobierno»

Roberto Ríos afirma que las protestas buscan «alterar el orden democrático». Las movilizaciones exigen la renuncia de Luis Arce y la habilitación de Evo Morales como candidato, pese a su inhabilitación legal. Ocurre en La Paz, previo a las elecciones del 17 de agosto.

«No permitiremos movilizaciones violentas»

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, declaró que las protestas convocadas por afines a Morales «no tienen fin legítimo, sino que buscan interrumpir el proceso electoral». Advirtió que se aplicará la ley con firmeza para defender la democracia. Decenas de manifestantes marchan hacia la sede de Gobierno, exigiendo la inscripción de Morales, pese a que su partido carece de personalidad jurídica.

Postura del Gobierno

Luis Arce denunció el sábado intentos de «desestabilización» y garantizó que las elecciones se realizarán. Ríos añadió que «no se permitirá imponer candidaturas por la fuerza», en referencia a la inhabilitación legal de Morales para un cuarto mandato.

El laberinto jurídico de Morales

El expresidente intentó postularse mediante el FPV y Pan-Bol, pero ambos partidos perdieron su personería jurídica al no alcanzar el 3% de votos en 2020. Ahora impulsa el bloque Evo Pueblo, que tampoco está reconocido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) establece que solo se permite una reelección continua, lo que inhabilita a Morales tras tres mandatos (2006-2019).

Grietas en el oficialismo

Arce y Morales mantienen diferencias desde 2021 por el control del MAS. La crisis política de 2019, que derivó en la renuncia de Morales, fragmentó al partido oficialista. Actualmente, las protestas reflejan la división interna y tensiones previas a los comicios.

Elecciones en la cuerda floja

El escenario político boliviano enfrenta un desafío clave: garantizar el proceso electoral mientras se contienen las movilizaciones. La resolución dependerá de la aplicación de la ley y la capacidad del Gobierno para mantener el orden, en un contexto marcado por disputas históricas dentro del MAS.