TCP devuelve tierras a tsimanes y ordena investigar al INRA y ABT

El Tribunal Constitucional Plurinacional restituye 30.000 hectáreas a indígenas en Beni. La sentencia condena avasallamientos y exige investigar delitos de corrupción y genocidio. Interculturales anuncian protestas contra el fallo.

«La forma no puede negar derechos constitucionales»

El TCP resolvió que el INRA y la ABT vulneraron normas nacionales e internacionales al ignorar los derechos del pueblo tsimane, declarado en «alta vulnerabilidad». «Funcionarios actuaron al margen del debido proceso», señala el fallo, lo que derivó en despojos forzados y destrucción de hábitat.

Procesos penales en marcha

La sentencia ordena investigar a tres altos funcionarios por incumplimiento de deberes, corrupción y genocidio. El Ministerio Público deberá iniciar acciones penales, mientras el INRA tiene 30 días para desalojar a ocupantes ilegales, con apoyo de fuerzas públicas si es necesario.

Un hito para los derechos indígenas

La Fundación TIERRA destacó que el fallo reconoce el reclamo histórico tsimane y protege su sistema de vida. «No les permitían vivir conforme a sus costumbres», afirmó su asesora jurídica. La sentencia también paraliza desmontes y exige una auditoría ambiental.

Conflictos en el horizonte

Los interculturales afectados anunciaron bloqueos de caminos y movilizaciones contra la decisión judicial. El TCP advirtió que cualquier resistencia será considerada desacato a la autoridad.

Una herida abierta desde hace décadas

El conflicto en Yacuma data de años, con denuncias recurrentes de tsimanes sobre despojos violentos y deforestación ilegal. El INRA había otorgado títulos a terceros pese a la protección constitucional de territorios indígenas.

Justicia que debe materializarse

La efectividad del fallo dependerá de la ejecución del desalojo y las investigaciones penales. Mientras, los tsimanes recuperan legalmente un territorio cuya ocupación puso en riesgo su supervivencia cultural.