Tercera parte
Bolivia lleva más de 40 días de bloqueos y protestas. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en su reporte de transitabilidad, registra 85 puntos de bloqueo, la mayoría concentrados en el departamento de Cochabamba. Como consecuencia de esta situación, 13 personas han fallecido al no haber podido llegar a tiempo a un centro médico para recibir atención. Además, se reportan varios heridos entre policías y civiles, así como numerosas personas detenidas.
Un diálogo que no logra frenar la conflictividad
El Gobierno ha insistido en la vía del diálogo, convocando a todos los movimientos sociales movilizados. Con aquellos sectores que han acudido a las mesas de negociación, se han alcanzado algunos acuerdos que permitieron detener determinadas movilizaciones.
Sin embargo, persisten grupos radicalizados como la Central Obrera Boliviana (COB), un sector de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE), la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari, y la Confederación de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, afines al expresidente Evo Morales, que continúan exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Las acusaciones de financiamiento y la disputa por el poder
De acuerdo con lo señalado por el Gobierno, este movimiento insurgente estaría siendo financiado por el narcotráfico, apuntando al expresidente Evo Morales como principal incitador. Lo que comenzó como una movilización por reivindicaciones sociales y económicas se habría transformado en una lucha política por el poder.
La Policía ha encontrado a varias personas portando importantes sumas de dinero cuyo origen y destino no han podido ser explicados. Se presume que estos recursos estaban destinados a financiar los bloqueos, cubrir pagos y proveer alimentación a los movilizados. De otra manera, resulta difícil explicar cómo personas que dependen de ingresos diarios han podido sostener medidas de presión durante más de 40 días sin trabajar.
Asimismo, resulta contradictorio que los propios bloqueadores terminen afectando a sus familias y comunidades al impedir el ingreso de alimentos, medicamentos, oxígeno y combustible.
La Ley 1740 y la posibilidad de un estado de excepción
La Constitución Política del Estado, en sus artículos 137 al 140, otorga atribuciones al presidente para declarar un estado de excepción. No obstante, también establece que esta medida debe ser declarada mediante decreto supremo, aprobado posteriormente por la Asamblea Legislativa Plurinacional, y regulada por una ley específica.
En este marco, el 8 de junio de 2026, el presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley N.º 1740 de Regulación de los Estados de Excepción, que establece las condiciones, procedimientos, límites y mecanismos de control para la declaración y aplicación de esta figura jurídica en Bolivia. Su finalidad es permitir que el Estado responda a situaciones extraordinarias, garantizando al mismo tiempo el respeto de los derechos fundamentales y el control democrático.
¿Está el Gobierno ante una decisión inevitable?
Con este instrumento jurídico y al amparo de la Constitución, el Gobierno podría decretar un estado de excepción con el objetivo de recuperar el orden y la institucionalidad, además de pacificar y desbloquear el país para permitir el ingreso de alimentos, combustible, medicamentos y oxígeno a las ciudades actualmente afectadas, especialmente La Paz y El Alto.
Sin embargo, hasta el momento, el Ejecutivo no ha tomado esa decisión y continúa apostando por el diálogo como mecanismo para resolver el conflicto.
La Paz enfrenta una situación cada vez más crítica
Lo cierto es que en la ciudad de La Paz la situación se ha vuelto cada vez más preocupante debido a la escasez de alimentos, combustibles e insumos básicos. Muchas personas deben realizar filas de hasta tres horas para comprar un solo pollo y poder preparar alimentos para sus familias.
Los supermercados y tiendas muestran signos crecientes de desabastecimiento y, paralelamente, se registran incrementos significativos en los precios de distintos productos, situación que, según diversos sectores de la población, ocurre sin controles efectivos por parte de las autoridades.
Impacto económico y pérdida de empleos
Los sectores de empresarios, turismo, gastronomía, transporte y gremiales, entre otros, reportan pérdidas económicas que consideran irrecuperables. A ello se suma el cierre de empresas y la consecuente pérdida de fuentes de empleo, agravando aún más el escenario social y económico.
Una población cansada y a la espera de decisiones
Una parte importante de la población demanda la declaración de un estado de excepción con el propósito de restablecer el orden y la institucionalidad para volver a convivir en paz. Sin embargo, como se señaló anteriormente, el Gobierno aún no ha tomado esta difícil decisión.
Lo cierto es que el cansancio, la molestia y el agotamiento social crecen cada día. La paciencia de la ciudadanía parece estar llegando a su límite. Las preguntas que surgen son inevitables: ¿hasta cuándo tendrá que soportar la población esta situación? ¿Qué espera el Gobierno para decretar un estado de excepción?
Desde esta perspectiva, se considera que se están vulnerando derechos humanos y constitucionales fundamentales, mientras que la respuesta gubernamental ha sido percibida por algunos sectores como insuficiente frente a la magnitud de la crisis.
Gobernar también implica tomar decisiones difíciles
La situación parece haberse vuelto cada vez más compleja para el Gobierno. Hasta ahora se han buscado soluciones mediante el diálogo y la negociación; sin embargo, para muchos sectores ha llegado el momento de adoptar decisiones difíciles.
Después de todo, gobernar también implica asumir la responsabilidad de tomar decisiones complejas cuando las circunstancias así lo exigen.
