Bolivia pide a la CIDH evaluar impacto humanitario de bloqueos
La Cancillería solicitó a la CIDH una evaluación integral que incluya el impacto humanitario de los bloqueos en Bolivia. El Gobierno reconoce el derecho a la protesta, pero advierte que las movilizaciones prolongadas han generado graves afectaciones en salud, abastecimiento y circulación.
Solicitud a la CIDH
La Cancillería respondió al pronunciamiento de la CIDH y pidió que cualquier análisis del conflicto incorpore de forma “equilibrada y completa” las consecuencias humanitarias de los bloqueos. El Gobierno destacó que la CIDH reconoció que estas medidas generan impactos en derechos fundamentales, como el acceso a salud, alimentos, medicamentos y combustible.
Afectaciones por los bloqueos
Según datos oficiales, los bloqueos desde mayo de 2026 han provocado restricciones en el abastecimiento de productos básicos e insumos médicos. También dificultaron el traslado de pacientes, personal sanitario y ambulancias, y limitaron el suministro de oxígeno medicinal en hospitales.
Derechos de terceros afectados
La Cancillería remarcó que los derechos humanos no pertenecen solo a quienes protestan ni a quienes ejercen autoridad, sino también a familias que esperan ambulancias, pacientes, trabajadores, productores y niños. El Gobierno reiteró su compromiso con el derecho a la protesta pacífica, pero subrayó que debe ejercerse en armonía con los derechos de terceros.
Violencia y explosivos
El Gobierno expresó preocupación por los hechos de violencia registrados, que afectaron a sectores vulnerables, personal de salud, periodistas y transportistas. La Cancillería alertó sobre el uso de dinamita y otros materiales explosivos en carreteras, considerándolos un riesgo grave para la vida y la seguridad.
Antecedentes del conflicto
La CIDH había manifestado que el Estado debe tolerar cierto nivel de afectación por la protesta social, pero advirtió que los bloqueos prolongados pueden vulnerar derechos esenciales. El Gobierno boliviano respondió solicitando una evaluación integral que contemple el impacto humanitario.
Implicaciones de la postura gubernamental
La solicitud de la Cancillería busca equilibrar el derecho a la protesta con la protección de derechos fundamentales de la población general. El Gobierno insiste en que las investigaciones oficiales deben complementar la evaluación de la CIDH para lograr una comprensión completa de la situación.
