Trump recorta 3.100 millones en contratos federales no esenciales

La administración Trump cancela 2.775 contratos de consultoría, afectando empleos en Washington, Maryland y Virginia. La GSA lidera una revisión sin precedentes.
POLITICO
Manos rompiendo un documento frente a una fachada con inscripciones en inglés.
Un par de manos destruye un documento en primer plano, con una construcción arquitectónica de estilo gubernamental al fondo.

Administración Trump recorta 3.100 millones en contratos federales «no esenciales»

Se han cancelado 2.775 acuerdos de consultoría, afectando a miles de empleos en Washington, Maryland y Virginia. La GSA lidera una revisión sin precedentes de más de 20.000 contratos para reducir el gasto. Empresas y lobbies advierten de caos en el sector.

«Una tijera sin precedentes en la contratación pública»

La General Services Administration (GSA) está reevaluando contratos ya adjudicados para identificar servicios «prescindibles», como informes o asesorías. «El gobierno obligará a las empresas a una carrera hacia el precio más bajo», critica Stan Soloway, exfuncionario de Defensa. 3.600 despidos se han registrado en la región desde febrero, según datos públicos.

Impacto en servicios clave

Entre los contratos cancelados figuran 16 millones para ayuda tras el huracán Beryl en Texas y 14 millones en apoyo sanitario para veteranos. La VA asegura que no afectará servicios esenciales, pero un acuerdo de 132 millones para reinserción laboral de veteranos está bajo revisión. «No son gastos opcionales», defiende el CEO de IBM, Arvind Krishna.

Contratistas entre la espada y la pared

Las empresas se ven forzadas a rebajar precios para conservar acuerdos, según tres lobbistas consultados. La GSA exige «justificaciones de una línea» para mantener contratos. Deloitte y Booz Allen Hamilton, entre las más afectadas, intentan negociar excepciones sin éxito. «Si demandas a este gobierno, no volverás a trabajar con él», advierte Darrell West de Brookings.

Errores y contradicciones

El listado de recortes de DOGE (32.000 millones en ahorros) incluye imprecisiones: un contrato de 1.300 millones para un centro migratorio sigue activo bajo el Ejército. La GSA también clasificó erróneamente contratos de construcción como «consultoría».

Cuatro décadas de externalización

Desde los 80, el gobierno federal trasladó funciones a empresas privadas para «reducir costos mediante competencia». Esto creó una industria que emplea a miles en el área de Washington, resistente a crisis económicas. La Administración Trump aprovecha ahora que «los contratistas son más fáciles de recortar que empleados federales», según el texto.

Un terremoto con réplicas por medir

Los recortes ya generan incertidumbre en servicios como Medicare o ayudas a veteranos, aunque la GSA insiste en que solo elimina redundancias. Analistas prevén más despidos y disputas legales, mientras las empresas intentan adaptarse a una nueva era de «productividad exigida a menor costo».