El Defensor del Pueblo impugna la ley que derogó los estados de excepción
La Defensoría del Pueblo presentó una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra la Ley N.º 1732, promulgada el 26 de mayo de 2026 por el presidente Rodrigo Paz, que abroga la Ley 1341 que regulaba los estados de excepción en Bolivia.
Acción contra la Ley 1732
El lunes, la Defensoría del Pueblo acudió al TCP para que realice el control de constitucionalidad de la Ley 1732. La acción señala una presunta omisión legislativa derivada de la abrogación de la Ley 1341, considerando el mandato del artículo 139 de la CPE, que exige que los estados de excepción estén regulados por ley.
Preocupación por la falta de control
La Defensoría aclara que la acción no busca impedir que el Estado ejerza sus atribuciones constitucionales. La preocupación radica en que la CPE exige reglas claras, controles democráticos y mecanismos de supervisión para proteger los derechos fundamentales durante medidas extraordinarias.
La Ley 1341 abrogada
La norma abrogada contemplaba mecanismos de control durante un estado de excepción. Otorgaba a la Defensoría del Pueblo facultades para supervisar la actuación estatal, elaborar informes sobre derechos humanos, acceder a información pública y formular recomendaciones. Estos mecanismos buscaban fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
Reacción internacional
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) tomó nota de la abrogación de la Ley 1341 y recordó que las obligaciones internacionales de Bolivia en materia de derechos humanos permanecen plenamente vigentes.
Implicaciones de la impugnación
La acción busca que el TCP analice la compatibilidad de la Ley 1732 con la CPE y los estándares internacionales. La Defensoría pretende que cualquier medida extraordinaria futura cuente con límites precisos y garantías suficientes para toda la población boliviana.
