La CIDH insta a Bolivia a priorizar el diálogo y limitar el uso de la fuerza

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó a Bolivia a priorizar el diálogo y usar la fuerza como último recurso, ante la escalada de conflictividad social desde mayo de 2026.
EL DEBER
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La CIDH urge a Bolivia al diálogo ante las protestas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a Bolivia a fortalecer el diálogo y planteó el uso de la fuerza como último recurso ante la escalada de conflictividad social desde mayo de 2026.

Preocupación por la escalada de conflictos

La CIDH expresó su preocupación por la conflictividad social en Bolivia durante las protestas iniciadas a principios de mayo de 2026. La Comisión instó al Estado a implementar recomendaciones de los informes «Cohesión social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia» y el informe final del GIEI Bolivia. Estas orientaciones buscan fortalecer el diálogo democrático, intercultural y participativo incluyendo a los sectores movilizados.

Legitimidad de la protesta social

La CIDH reafirmó que la protesta social es una expresión legítima de los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y participación pública. Las manifestaciones, incluso las espontáneas, deben presumirse pacíficas. El Estado debe tolerar cierto nivel de afectación a la vida cotidiana. La Comisión subrayó que «actos aislados de violencia no deslegitiman una protesta en su conjunto».

Condiciones para el uso de la fuerza

El informe establece que toda actuación para controlar manifestaciones debe ajustarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad. La CIDH reconoce que los bloqueos de vías prolongados pueden generar afectaciones graves a otros derechos, como el acceso a la salud o al abastecimiento de alimentos. Ante esto, la Comisión advierte que se acentúa el deber del Estado de facilitar el diálogo, teniendo «el uso de la fuerza como último recurso».

Repercusión de las medidas sobre la población

La Comisión repasó los hechos registrados en el país desde mayo y evaluó los efectos sobre la población, la economía y la seguridad. La CIDH recordó que corresponde al Estado respetar, proteger, facilitar y garantizar el ejercicio de la protesta.

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