Quiroga defiende la Constitución ante propuesta de referéndum revocatorio
El expresidente Jorge Quiroga repudia cualquier salida a la crisis fuera del marco constitucional. El líder de la alianza Libre respondió a la propuesta de un referéndum revocatorio para el presidente Rodrigo Paz, planteada por el diputado Carlos Alarcón.
Rechazo a la vía ciudadana para la revocatoria
Quiroga afirmó que será «repudiada» cualquier propuesta que vaya en contra de la democracia y del orden constitucional, o que pretenda dilucidarse en las calles. El exmandatario señaló que todo debe aplicarse en el marco de la democracia constitucional y nada en contra de ella.
Propuesta de Alarcón ante los bloqueos
El diputado Alarcón planteó una ley interpretativa de la Constitución para convocar al referendo con dos tercios de votos de la ASAMBLEA LEGISLATIVA en tres meses. El artículo 240 de la CONSTITUCIÓN establece que la revocatoria debe proceder por iniciativa ciudadana con el 15 % de los votantes del padrón electoral y tras la mitad del mandato.
Quiroga y su postura ante la crisis
El líder de Libre sostuvo que, en la crisis que vive Bolivia por los bloqueos de caminos que golpean al área andina, todo debe llevarse a cabo en el PARLAMENTO, nada en las calles. «Así es como los países salen de las crisis: respetando el Estado de derecho», afirmó.
Iniciativas alternativas para la revocatoria
Además de Alarcón, han surgido propuestas de Andrónico Rodríguez, expresidente del Senado, y del analista Gonzalo Colque, de la FUNDACIÓN TIERRA, para un revocatorio del mandato presidencial.
Antecedentes del debate constitucional
El expresidente Jorge Quiroga, líder de la alianza Libre, defendió la aplicación del marco constitucional ante la propuesta de un referéndum revocatorio para el presidente Rodrigo Paz, planteada por el diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad. La iniciativa busca responder al conflicto por los bloqueos de caminos que afectan al país desde hace un mes.
Implicaciones de la posición de Quiroga
La postura del exmandatario refuerza la necesidad de resolver la crisis dentro del Estado de derecho y en el CONGRESO, descartando soluciones alternativas o movilizaciones callejeras para la salida del conflicto político en Bolivia.
