Un linchamiento en Pocoata revela la crisis de la justicia en 2026
Una multitud de 200 personas sacó a tres detenidos de una comisaría y los quemó en el municipio potosino de Pocoata. El hecho ocurrió el jueves 28 de mayo de 2026. Las víctimas estaban bajo custodia policial acusadas de un robo de vehículo.
La brutalidad del ataque a los detenidos
La Fiscalía Departamental de Potosí identificó a las víctimas como Félix C.P. (28), Eloy C.C. (24) y Riner M.F. (22). La multitud irrumpió en las dependencias policiales, redujo a los efectivos, causó destrozos y sacó por la fuerza a los detenidos. Horas después, sus cuerpos fueron encontrados calcinados en el cementerio del pueblo. El fiscal departamental Gonzalo Aparicio informó que se investiga el asesinato para identificar a los autores materiales e instigadores.
Las voces de los expertos sobre el suceso
El abogado penalista Cristian Sánchez calificó el episodio como una derrota moral, jurídica e institucional del Estado. Sánchez sostiene que el Estado debió proteger a los detenidos y cuestiona si hubo omisión de los encargados de la comisaría. El abogado y exfiscal Joadel Bravo rechazó que se justifique el hecho como justicia comunitaria: la justicia comunitaria no contempla la muerte de una persona. Bravo advirtió que existe un profundo descrédito de las instituciones judiciales.
El origen recurrente de la violencia colectiva
Especialistas consultados por EL DEBER advierten que este caso expone una crisis por el progresivo debilitamiento de la confianza ciudadana en las instituciones que hacen cumplir la ley. La psicóloga Jimena Melgar Cabrera observa similitudes con episodios en Santa Cruz donde repartidores organizaron patrullajes. La especialista sostiene que la población siente indefensión cuando las autoridades no responden, y el miedo transforma la frustración en conductas de autodefensa para llenar el vacío del Estado.
El reflejo de una justicia en entredicho
El linchamiento en Pocoata expone la fragilidad del Estado para proteger a las personas bajo custodia y evitar la violencia colectiva como castigo. Los expertos consultados coinciden en que la investigación debe determinar la responsabilidad de los funcionarios que resguardaban a los detenidos y establecer si existió omisión. La percepción de impunidad y la lentitud de los procesos judiciales alimentan este tipo de respuestas, según el análisis de los especialistas.
