Fundación TIERRA denuncia irregularidades en propiedad del hijo del presidente

La Fundación TIERRA detectó presuntas ilegalidades en la compra y uso de un predio valorado en 3.3 millones de dólares, vinculado al hijo del presidente Luis Arce. Diputados exigen investigación.
Opinión Bolivia

Fundación TIERRA denuncia irregularidades en propiedad del hijo del presidente

La organización detectó presuntas ilegalidades en la compra y uso de un predio valorado en 3.3 millones de dólares. El caso, revelado por CONNECTAS, involucra al hijo menor de Luis Arce y posibles incumplimientos de normativas ambientales. Diputados exigen investigación imparcial.

«Un patrón de irregularidades agroambientales»

La Fundación TIERRA señaló que el predio «Adán y Eva», adquirido en 2021 por Rafael Arce Mosqueira, incumple el Plan de Uso del Suelo (PLUS) de Santa Cruz. Según su comunicado, la propiedad está en una zona clasificada como «Bosque de Conservación», donde solo se permiten cultivos manuales a pequeña escala. Sin embargo, se autorizaron desmontes mecanizados y cultivos extensivos de soya y maíz, pese a la prohibición.

Detalles de la transacción y uso del suelo

El informe de CONNECTAS reveló que el INRA catalogó inicialmente el terreno como «Empresarial» en 2015, pero la ABT modificó posteriormente su Plan de Ordenamiento Predial (POP), permitiendo desmontes en casi mil hectáreas. Además, en 2024 se registraron quemas en la zona pese a la prohibición nacional.

Reacciones políticas

El diputado Héctor Arce acusó a los hijos del presidente de conformar «una organización criminal», mientras la diputada Elena Pachacute cuestionó cómo un joven <30 años accedió a un crédito millonario. El ministro Édgar Montaño defendió que «no es extraño» obtener financiamiento de esa magnitud.

Un problema sistémico en Bolivia

La Fundación TIERRA alertó que este caso no es aislado: existen cientos de propiedades con titulaciones irregulares y permisos de desmonte en áreas protegidas. Subrayó que las instituciones estatales «vulneran normativas» al favorecer la agricultura mecanizada en zonas de conservación.

Justicia bajo escrutinio

La organización exigió una investigación sin injerencia política y que el caso impulse una fiscalización nacional de delitos agroambientales. «El país espera respuestas», remarcó, instando a evitar la politización por la coyuntura electoral.