La Ley Eva Copa acumula 16 disposiciones inconstitucionales
La Ley 1341 contiene 16 disposiciones que transgreden la Constitución, según el diputado Carlos Alarcón, y su abrogación avanza en la Cámara de Diputados.
Inmovilización del Ejecutivo por restricciones excesivas
El diputado Carlos Alarcón señaló que la ley anula la facultad del Ejecutivo para restablecer el orden público. La norma impide movilizar a las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía sin una declaratoria previa de estado de excepción. Esto genera un círculo vicioso que inmoviliza la capacidad de respuesta estatal ante grupos violentos.
Contradicciones con el texto constitucional
Alarcón detalló que la ley exige mayoría absoluta de la ALP para aprobar el estado de excepción, mientras la Constitución solo requiere permiso para declarar otro dentro del siguiente año. La norma obliga al presidente a concurrir a la ALP para sustentar la aprobación. También establece que la caducidad del estado de excepción se produce si no se comunica a la ALP en 24 horas, cuando la Constitución permite hasta 72 horas.
Control absoluto del Legislativo sobre el Ejecutivo
La ALP puede modificar o finalizar el estado de excepción en cualquier momento, y esas decisiones son vinculantes y obligatorias para el Órgano Ejecutivo. Si la ALP rechaza la rendición de cuentas, se remite el caso al Ministerio Público para juzgar penalmente al presidente y los ministros. La ley también enfatiza la responsabilidad de funcionarios, militares y policías por sus actos durante el estado de excepción, lo que, según Alarcón, sugiere que cometen delitos en lugar de proteger el orden constitucional.
Origen: Ley que limita al Ejecutivo en proceso de abrogación
La Ley 1341, conocida como Ley Eva Copa, fue aprobada para limitar la actuación del Ejecutivo. El proyecto de abrogación fue presentado por el diputado Carlos Alarcón y este martes se encuentra en proceso en la Cámara de Diputados.
Implicaciones: Parálisis estatal ante disturbios civiles
La vigencia de la Ley Eva Copa condiciona la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de orden público y limita sus acciones a labores complementarias de la Policía. De mantenerse, la capacidad del Estado para responder a conmociones internas quedaría paralizada por las 16 disposiciones que, según Alarcón, transgreden la Constitución.
