La abrogación de la Ley 1341 amplía el margen de Paz para un estado de excepción
La abrogación de la Ley 1341 en el Senado elimina controles específicos y puede dejar al presidente Rodrigo Paz con mayor margen de maniobra constitucional en plena cuarta semana de bloqueos en La Paz.
La desaparición de una capa de regulación
El abogado constitucionalista y diputado Carlos Alarcón, impulsor de la abrogación, sostiene que se recupera la plena vigencia de los artículos de la Constitución. La Ley 1341, aprobada en 2020, imponía restricciones que neutralizaban la herramienta constitucional. A su juicio, la Asamblea tenía facultades sobredimensionadas para intervenir sobre el decreto presidencial. La norma no crea la figura del estado de excepción, sino que retira una capa de regulación que la hacía inviable.
Qué controles desaparecen
Desaparecen límites temporales concretos, procedimientos estrictos de control legislativo y reglas operativas expresas sobre la ejecución de la medida. La Constitución mantiene límites esenciales: la Asamblea Legislativa debe considerar la medida dentro de 72 horas, y el Ejecutivo debe justificar su decisión. El presidente no queda sin controles, pero sí con menos obstáculos legales inmediatos.
El dilema político detrás de la decisión
El estado de excepción no es una obligación automática, sino una decisión política de alto coste. Implica restricciones extraordinarias, exposición internacional y la lectura política de que el Gobierno considera agotados los mecanismos ordinarios. Rodrigo Paz cumple seis meses en el poder y enfrenta la crisis más grave de su administración. Alarcón sostiene que el escenario actual justifica evaluar esa herramienta, al describir la situación como una crisis extrema con afectación de derechos ciudadanos.
Contexto de la crisis
Las carreteras de La Paz están bloqueadas desde hace más de tres semanas. Hay largas filas por combustible, dificultades para el ingreso de alimentos y medicamentos, y sectores radicalizados exigen el acortamiento del mandato del presidente. El artículo 137 de la Constitución habilita al mandatario a declarar estado de excepción en casos de conmoción interna, amenaza a la seguridad del Estado, agresión externa o desastre natural.
La verdadera implicación de la abrogación
Lo que cambia no es que antes el Gobierno no podía actuar y ahora sí. Lo que cambia es el coste jurídico de hacerlo. Si Diputados confirma la abrogación, la principal barrera para decretar un estado de excepción dejará de ser normativa y pasará a ser exclusivamente política. Alarcón asegura que en Diputados existen varios consensos para anular la normativa.
