Segunda parte
Del diálogo a la escalada del conflicto
Hace unos días escribí la primera parte de este artículo, donde realizaba una breve descripción de la situación que atravesaba Bolivia en ese momento. En aquella oportunidad concluía señalando que el diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados aparecía como una de las principales vías para reducir las tensiones y evitar una mayor profundización del conflicto social.
Sin embargo, pocos días después, y pese a las reuniones sostenidas entre el Gobierno y algunos sectores movilizados —especialmente durante el fin de semana—, el país enfrenta hoy una situación mucho más violenta, caótica y preocupante.
De acuerdo con el informe de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), actualmente se reportan más de 45 puntos de bloqueo en Bolivia, el doble de los registrados a inicios de semana, cuando se contabilizaban 22 protestas en todo el país. [1]
La marcha “evista” y el aumento de la violencia
Este lunes ingresó a la ciudad de La Paz la marcha “evista”, que tiene como principal objetivo ejercer presión política sobre el presidente Rodrigo Paz. La movilización ha encontrado respaldo en la Central Obrera Boliviana (COB), los llamados “Ponchos Rojos” y otros sectores que aún apoyan al expresidente Evo Morales.
Los grupos movilizados han provocado destrozos en la sede de Gobierno y agresiones contra ciudadanos que únicamente buscan trabajar, estudiar y llevar el sustento diario a sus hogares. Videos difundidos por distintos medios de comunicación muestran escenas de violencia acompañadas por arengas como: “Ahora sí, guerra civil”.
La situación se agrava debido a que los bloqueadores impiden el paso de ambulancias y ya se han registrado al menos tres personas fallecidas. A ello se suma la advertencia del sector salud, que informa que varios centros hospitalarios cuentan con reservas de oxígeno únicamente para dos o tres días.
Escasez, desabastecimiento y temor ciudadano
En la ciudad de La Paz comienzan a escasear los alimentos y el combustible, mientras crece la preocupación entre la población. Los ciudadanos, cansados de esperar soluciones y el desbloqueo de las vías, empiezan a organizarse en diferentes zonas en un espíritu de autodefensa y protección vecinal.
La incertidumbre y el temor aumentan día tras día, especialmente entre quienes ven afectadas sus actividades laborales y familiares por la paralización de la ciudad.
Detenciones y denuncias de financiamiento
De acuerdo con distintos medios de comunicación, la Policía ha detenido a dirigentes que portaban grandes sumas de dinero y que no pudieron explicar el origen de esos recursos. El Gobierno sostiene que dicho dinero estaba destinado a financiar las marchas y los bloqueos.
Asimismo, se reportó la aprehensión de personas —entre marchistas y bloqueadores— que portaban armas. Según informes oficiales, existen alrededor de 100 personas detenidas y varios efectivos policiales resultaron heridos durante los enfrentamientos.
La crisis política y el silencio de las autoridades
Es comprensible que algunos sectores tengan reivindicaciones pendientes; sin embargo, intentar romper violentamente el orden constitucional y promover la caída de un presidente elegido democráticamente constituye un acto claramente antidemocrático.
También llama la atención el silencio del alcalde de La Paz, César Dockweiler, mientras la ciudad enfrenta hechos de violencia y destrucción. Los paceños esperan un pronunciamiento firme tanto de la autoridad municipal como del gobernador Luis Revilla y de la Defensoría del Pueblo.
En este contexto, muchos ciudadanos sienten un profundo abandono por parte de sus autoridades.
¿Se agotó el tiempo del diálogo?
El Gobierno ha insistido reiteradamente en el diálogo como mecanismo para pacificar el país; sin embargo, hasta ahora no ha logrado contener la escalada del conflicto.
La población, cansada de los bloqueos, el desabastecimiento y la violencia, comienza a exigir la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas. Para muchos ciudadanos, el tiempo del diálogo parece haber llegado a su límite y consideran necesario restablecer el orden frente a una situación que ya se encuentra fuera de control.
Entre las alternativas constitucionales que maneja el Ejecutivo se encuentra la posibilidad de decretar un estado de sitio. No obstante, esta medida debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuya sesión tendría que ser convocada por el vicepresidente Edmand Lara, quien mantiene una marcada distancia política con el presidente Rodrigo Paz y no respalda plenamente su gestión, situación que podría dificultar dicha convocatoria.
Además, la Ley Nº 1341, de 29 de octubre de 2020, que regula los estados de excepción conforme a lo establecido en el Parágrafo III del Artículo 139 de la Constitución Política del Estado, otorga a la Asamblea Legislativa un amplio margen de control sobre la declaratoria del estado de excepción, limitando las atribuciones del Ejecutivo.
En otras palabras, esta normativa convierte a la Asamblea en un actor con fuerte capacidad de decisión sobre las medidas excepcionales que el Gobierno puede adoptar para preservar el orden público y la tranquilidad del país. [2]
Un país cansado de la incertidumbre
Hasta el momento, el Gobierno ha actuado con excesiva cautela; sin embargo, el escenario actual exige decisiones firmes para frenar una crisis que, evidentemente, se ha salido de control.
La población expresa cada vez con más fuerza un contundente “¡Ya basta!”, porque esta situación genera zozobra, incertidumbre y un profundo desgaste emocional.
Los paceños quieren recuperar la paz, volver al trabajo y continuar con sus vidas en un clima de estabilidad y tranquilidad.
FUENTES:
[2] Bolivia: Ley Nº 1341, 29 de octubre de 2020, https://www.lexivox.org/norms/BO-L-N1341.html
