Vecinos denuncian coacciones para marchar en El Alto

Dirigentes obligan a vecinos a marchar bajo amenaza de multas de hasta 300 bolivianos y decomiso de productos, según denuncias recogidas el 18 de mayo de 2026. Ante presiones y rumores de privatizaciones, el Gobierno niega las acusaciones.

Presión y sanciones forzadas en las movilizaciones

Varios gremialistas, vecinos y campesinos denunciaron que son obligados por dirigentes a participar en marchas y bloqueos. Las multas impuestas oscilan entre 150 y 300 bolivianos, y en algunos casos amenazan con el decomiso de sus productos. Un vecino de Ventilla afirmó que la junta cobra 300 bolivianos si no acuden, y que «es mejor bajar con la marcha».

Bloqueos y retenciones en carreteras

El Consejo de Ayllus y Comunidades originarias de Tiwanaku emitió un instructivo el 12 de mayo para reforzar los puntos de bloqueo en la carretera hacia el lago Titicaca. Las multas por circular varían desde 1.000 a 2.500 bolivianos según el vehículo, y el mismo queda retenido hasta la solución del conflicto. Un comunario de Río Abajo indicó que los dirigentes los obligan a bloquear para no perder su producción.

Rumores de privatización y desinformación

Bertha A., panificadora de Viacha, reveló que los dirigentes aseguran que el Gobierno privatizará los servicios de agua y luz e incrementará las tarifas, además de que perderán sus tierras. Una comerciante de La Ceja afirmó que les informaron de un monotributo del 5% llamado ‘Régimen 7’ para gremiales. El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, rechazó ambas acusaciones y calificó la información como una campaña de desinformación.

Antecedentes de coacción en movilizaciones

El texto indica que el lunes 18 de mayo, una multitudinaria marcha de gremiales, ponchos rojos y sectores afines al expresidente Evo Morales descendió desde El Alto hasta la sede de Gobierno, generando desmanes y agresiones a quienes no apoyaban la protesta.

Implicaciones de las denuncias sobre la movilización

Las acusaciones de coacción y la difusión de rumores de privatización revelan tensiones entre dirigentes y ciudadanos, mientras el Gobierno insiste en que se trata de desinformación. La repercusión incluye la retención de vehículos y el uso de multas para forzar la participación en medidas de presión.