Violenta jornada en La Paz: queman vehículos policiales y saquean el Tribunal de Justicia

Manifestantes radicales incendiaron vehículos policiales y saquearon el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz durante protestas el 18 de mayo de 2026. El Ministerio de Gobierno condenó los actos como ataques a la institucionalidad.
EL DEBER
Vehículos policiales quemados
Vehículos policiales quemados / Autor no disponible / Fuente no disponible

Grupos radicales queman patrullas y saquean el Tribunal de Justicia en La Paz

Vehículos policiales quemados y saqueo del Tribunal Departamental de Justicia marcaron las protestas del lunes 18 de mayo de 2026 en el centro de La Paz.

Incendio de patrullas y ataque a la FELCC

Grupos radicales incendiaron una patrulla y una motocicleta de la Policía Boliviana en la calle Sucre, cerca de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Los vehículos estaban estacionados en la parte posterior del edificio. Las llamas y el humo cubrieron la zona durante los enfrentamientos con agentes químicos.

Irrupción en el Tribunal Departamental de Justicia

Manifestantes ingresaron por la fuerza al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Sustrajeron escritorios, sillas y documentos para construir barricadas y algunos objetos fueron incendiados.

Daños colaterales y condena oficial

También resultaron dañados vehículos particulares y un radiotaxi con los vidrios rotos por impactos de piedras. El Ministerio de Gobierno condenó los hechos y calificó a los responsables de “grupos delincuenciales escudándose en la protesta social”.

Contexto de las movilizaciones

Los disturbios ocurrieron durante una marcha que intentaba avanzar hacia la plaza Murillo. La jornada incluyó el uso de agentes químicos y enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales.

Medidas y consecuencias inmediatas

La Policía Boliviana realizó varias aprehensiones y reforzó el resguardo en los accesos al centro político. El objetivo es restablecer el orden y garantizar la seguridad tras los incendios, daños materiales y ataques a instituciones públicas que, según el gobierno, atentan contra la institucionalidad democrática.

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