Hijos del presidente boliviano involucrados en casos de corrupción
Marcelo y Rafael Arce Mosqueira son señalados por irregularidades en Botrading y compra de tierras. Las denuncias surgen en medio de una crisis de desabastecimiento de combustibles y daños ambientales. Autoridades investigan presuntos delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
«La tormenta perfecta: corrupción y desabastecimiento»
Dos escándalos paralelos sacuden al gobierno de Luis Arce Catacora. Marcelo Arce Mosqueira, su hijo, está vinculado a Botrading, empresa de YPFB investigada por sobreprecios en compra de combustibles. Mientras, Rafael Arce Mosqueira, otro hijo, adquirió la propiedad ‘Adán y Eva’ en Santa Cruz por 3.3 millones de dólares, violando normas ambientales.
Botrading y la crisis de combustibles
YPFB anunció la llegada de 178 millones de litros de gasolina y 156 millones de litros de diésel para paliar el desabastecimiento. Sin embargo, transportistas paralizaron distribuciones por conflictos con la estatal. Maykol Montaño, líder del sector, denunció que YPFB rescindió contratos sin negociar tarifas justas. La exministra Teresa Morales reveló que Botrading habría pagado sobreprecios en 2023, con presunta participación de Marcelo Arce.
‘Adán y Eva’: deforestación y privilegios
Rafael Arce compró en 2021 una reserva forestal de 2.187 hectáreas, pese a su clasificación como Tierra de Producción Forestal Permanente. La ABT autorizó desmontes ilegales de 479 hectáreas, violando una «pausa ecológica» decretada por su padre. El biólogo Huáscar Bustillos alertó sobre daños irreversibles al ecosistema. Diputados exigen investigar al presidente y a su hijo por tráfico de influencias.
Antecedentes: un Estado bajo sospecha
Bolivia enfrenta una crisis institucional agravada por denuncias de corrupción en YPFB y organismos ambientales. El artículo 367 de la Constitución obliga al Estado a garantizar el abastecimiento de hidrocarburos, pero las colas en surtidores superan las 10 horas. Paralelamente, la compra de ‘Adán y Eva’ evidencia debilidad en controles forestales, pese a leyes como la Resolución 129/2020.
Justicia en la mira
El Ministerio Público debe investigar ambos casos, mientras legisladores como María José Salazar piden imputar a los involucrados. La ASFI analizará el crédito millonario otorgado a Rafael Arce, quien tenía 25 años sin historial profesional. Las revelaciones surgen de un reporte conjunto de medios internacionales, incluyendo Aristegui Noticias y El Espectador.