Sociedad civil exige tipificar crímenes de odio contra población LGBTIQ+
Organizaciones denuncian que solo el 10% de las recomendaciones internacionales sobre derechos LGBTIQ+ se han cumplido. La Agenda de Justicia y Derechos Humanos reclama medidas urgentes al Estado boliviano, incluyendo formación judicial y reconocimiento de derechos civiles. La demanda se presentó este 23 de mayo en La Paz.
«Justicia sin prejuicios: una deuda pendiente»
La sociedad civil, agrupada en la Agenda de Justicia y Derechos Humanos, exigió al Estado acciones concretas para proteger a la población LGBTIQ+ frente a la violencia, discriminación y falta de acceso a la justicia. «Los crímenes de odio no están tipificados en Bolivia, y eso perpetúa la impunidad», señalaron. Entre sus demandas prioritarias destacan: modificar el Código Penal, capacitar a operadores judiciales y reconocer derechos como el matrimonio igualitario.
Un sistema que falla
Según el informe de ADESPROC Libertad, solo el 10% de las recomendaciones internacionales en materia LGBTIQ+ han sido cumplidas. El 60% ni siquiera ha sido considerado, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga a Bolivia a garantizar estos derechos. Ejemplo de ello es la Ley 807 de Identidad de Género, que enfrenta graves obstáculos en su aplicación.
Violencia sin castigo
De unos 80 casos de violencia registrados contra personas LGBTIQ+, solo dos terminaron en condena. La FELCV y los SLIM no admiten denuncias entre parejas del mismo sexo bajo la Ley 348, lo que «profundiza la exclusión legal». Las mujeres trans son especialmente vulnerables: un sondeo a 53 de ellas reveló discriminación en servicios públicos y desatención sistemática de sus denuncias.
De los papeles a la acción
Aunque en 2023 el Tribunal Supremo de Justicia aprobó un protocolo con perspectiva de derechos humanos, los prejuicios persisten en fiscales, jueces y policías. La Agenda propone: capacitación obligatoria para estos actores, campañas de sensibilización y reformas legales que incluyan delitos por prejuicio. También piden que los colectivos LGBTIQ+ participen en la Comisión 898, que monitorea acuerdos de la Cumbre de Justicia de 2016.
Un contexto de desprotección histórica
Bolivia ha ratificado convenios internacionales que protegen los derechos LGBTIQ+, pero su marco legal interno sigue sin adaptarse. La falta de tipificación de crímenes de odio y el rechazo a derechos civiles como el matrimonio igualitario contrastan con los estándares interamericanos. Esta brecha entre normas y práctica mantiene a la población LGBTIQ+ en situación de vulnerabilidad.
El camino que falta recorrer
Las demandas buscan que el Estado cumpla con su obligación de garantizar igualdad real. La efectividad de las medidas dependerá de voluntad política y asignación de recursos. Mientras tanto, la población LGBTIQ+ sigue esperando justicia.
