Rodríguez Veltzé denuncia “desfiguración” de protestas en Bolivia

Las protestas con bloqueo de caminos vulneran la Constitución y afectan derechos fundamentales, según el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé. El exmandatario advierte que el orden democrático no permite salir a las calles a bloquear para pedir cualquier cosa.

Críticas a la forma de las protestas

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé cuestionó las actuales protestas en Bolivia por considerar que han incurrido en una “desfiguración” que vulnera la Constitución Política del Estado (CPE). Señaló que los derechos fundamentales a la vida, la alimentación, la educación y el libre tránsito están afectados por ciudadanos que, bajo el derecho de protesta, vulneran el ejercicio democrático. Recordó que la CPE de 2009 proclama un Estado pacifista.

Vulneración a la cultura de paz

Rodríguez Veltzé explicó que es un deber ciudadano honrar los derechos de todos y promover la cultura de paz. Indicó que “hay una vulneración abierta a nuestra carta fundamental”. Añadió que el orden democrático no prevé que el ejercicio de derechos permita a cualquier ciudadano salir a bloquear y pedir lo que se le ocurra, y que esas formas violentas de manifestación afectan derechos inviolables que el Estado debe proteger.

Rechazo al diálogo y a la renuncia

El exmandatario manifestó sentirse “muy apesadumbrado” por la confrontación entre bolivianos y porque el diálogo haya perdido valor como instrumento democrático. No consideró que el pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz sea una solución para los problemas que motivan las protestas.

Antecedentes de las declaraciones

Rodríguez Veltzé criticó que las protestas con bloqueo de caminos en Bolivia desfiguran el sentido de la protesta social y afectan derechos fundamentales de otros ciudadanos. Insistió en que la Constitución establece un Estado pacifista y que las manifestaciones violentas no están amparadas por el derecho a la protesta.

Implicaciones de la postura de Rodríguez Veltzé

El expresidente sostiene que la situación actual no es razonable y que la confrontación social, junto con la pérdida de valor del diálogo, representa una amenaza al orden democrático. Subraya que el Estado debe proteger los derechos inviolables de todos los ciudadanos frente a formas violentas de protesta.