170 funcionarios tenían acceso irrestricto al sistema de recaudaciones
Una auditoría forense detectó que 170 funcionarios podían modificar montos y datos de pagos, lo que habría facilitado un presunto desvío millonario de recursos públicos. El acceso fue bloqueado y se implementan nuevos controles.
Auditoría revela fallos de seguridad en recaudaciones municipales
El experto en delitos financieros, Gabriel Rosas, explicó que los usuarios con acceso irrestricto podían «subir y disminuir los montos para modificarlos». Como primera medida, todos esos accesos fueron bloqueados y se implementa un nuevo sistema de permisos con controles más estrictos. El secretario municipal de Gestión, Rodrigo Suárez, informó que la atención se reanudó este miércoles tras dos días de intervención para reforzar la seguridad.
Medidas para blindar el sistema
Además de la auditoría forense, se ejecuta una revisión técnica integral. La autoridad indicó que se busca “garantizar que el dinero de los contribuyentes esté seguro” y devolver la confianza a la ciudadanía. La intervención fue instruida por el alcalde Carlos Manuel Saavedra, quien estimó un presunto desvío de entre Bs 400 y 600 millones anuales durante la anterior administración.
Antecedentes: auditoría descubre 170 funcionarios con accesos irrestrictos
Según el texto, la auditoría forense realizada al sistema de recaudaciones del Gobierno Municipal detectó que 170 funcionarios contaban con accesos irrestrictos que les permitían modificar los datos y los montos de los pagos, una práctica que habría afectado directamente los ingresos públicos. El alcalde indicó que alrededor de 30 funcionarios fueron retirados mientras se realizan las investigaciones internas.
Llamado a la denuncia y nuevas medidas anticorrupción
El director municipal de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Luis Alberto Vaca, afirmó que “se acabaron los tramitadores” y pidió a la ciudadanía denunciar cualquier irregularidad de forma anónima. Además, se anunció la revisión de contratos de obras inconclusas y un plan de austeridad que busca reducir el aparato administrativo en un 20%, con la salida de al menos 2.000 funcionarios en un año.
