La Fiscalía de Tarija pide 20 años de prisión para Evo Morales

La Fiscalía de Tarija solicitará 20 años de cárcel para Evo Morales por trata agravada de personas, tras su incomparecencia al juicio oral del 11 de mayo de 2026.
Opinión Bolivia
El expresidente Evo Morales (c) en una imagen de archivo.
El expresidente Evo Morales (c) en una imagen de archivo. / OPINIÓN / El Deber

Fiscalía pedirá 20 años de prisión para Evo Morales

La Fiscalía de Tarija solicitará 20 años de cárcel para Evo Morales por el delito de trata agravada de personas, según confirmó el fiscal departamental José Ernesto Mogro. La petición se produce tras la incomparecencia del expresidente y la coacusada al inicio del juicio oral, previsto para el 11 de mayo de 2026.

El fiscal confirma la pena máxima por trata agravada

El fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro, explicó que el artículo 281 bis del Código Penal tipifica el delito de trata de personas agravada cuando la víctima es menor de edad, con una pena máxima de 20 años de presidio. Mogro afirmó que, si se demuestran los hechos, solicitará esa condena. El juicio oral contra Morales y la coacusada Idelsa Pozo Saavedra, madre de la presunta víctima, estaba fijado para el 11 de mayo, pero ambos no se presentaron ni justificaron su ausencia.

Rebeldía y medidas cautelares

Ante la ausencia, el Ministerio Público solicitó la declaratoria de rebeldía. El Tribunal Primero de Sentencia de Tarija aceptó la petición y emitió un mandamiento de aprehensión, orden de arraigo y congelamiento de cuentas para ambos procesados. El fiscal subrayó que la Policía debe ejecutar la orden de captura.

Antecedentes del caso y delito imputado

El caso se inició por una presunta trata agravada de personas, con una víctima menor de edad. La coacusada es Idelsa Pozo Saavedra, madre de la presunta víctima. La Fiscalía considera que la pena máxima de 20 años se aplica por la condición de la víctima.

Implicaciones del proceso judicial

La resolución del tribunal implica la búsqueda activa de Evo Morales y la coacusada para su detención. El congelamiento de cuentas y el arraigo limitan su movimiento y recursos financieros. El caso avanza con medidas procesales firmes dictadas por el juzgado.

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