ABT otorgó permisos de quema y desmonte al hijo del presidente

La Fundación TIERRA denuncia posibles delitos ambientales y tráfico de influencias en permisos otorgados a Rafael Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce.
Agencia de Noticias Fides - Bolivia
Extenso campo verde con un fondo de árboles y cielo nublado.
Una amplia extensión de terreno cubierto de vegetación justo frente a un bosque, bajo un cielo con nubes densas.

ABT otorgó permisos de quema y desmonte al hijo del presidente

La Fundación TIERRA denuncia posibles delitos ambientales y tráfico de influencias. Un reportaje revela irregularidades en un predio de 2.187 hectáreas en Santa Cruz, valorado en 3,3 millones de dólares. La institución exige una investigación imparcial.

«Un patrón de irregularidades estructurales»

Según el informe de CONNECTAS, Rafael Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, recibió permisos de la ABT para desmontes y quemas en su propiedad «Adán y Eva». TIERRA señala que este caso refleja «prácticas generalizadas» en la titulación de tierras y autorizaciones contrarias a normativas ambientales.

Detalles del predio

El terreno, ubicado entre La Guardia y Cabezas (Santa Cruz), fue adquirido en 2021 por 3,3 millones de dólares. La hectárea en la zona tiene un valor comercial de 2.000 a 3.500 dólares. La ABT habría autorizado cambios de uso de suelo pese a estar en áreas clasificadas como bosques de protección.

Repercusión institucional

TIERRA cuestiona al INRA y la ABT por «titulaciones ilegales y permisos que vulneran normativas». Subraya que estas acciones no son aisladas, sino recurrentes en propiedades con aptitud forestal o agrícola no mecanizada.

Antecedentes: Un sistema bajo sospecha

Bolivia enfrenta denuncias recurrentes por delitos agroambientales, como titulaciones irregulares y modificaciones de Planes de Ordenamiento Predial (POP). TIERRA menciona «miles de hectáreas» con autorizaciones cuestionables para agricultura mecanizada en zonas protegidas.

¿Un punto de inflexión?

La fundación exige que el caso «marque un antes y un después» en la fiscalización de delitos ambientales. Pide una investigación transparente, sin injerencia política, especialmente en un contexto electoral.