El INRA conoce a los traficantes de tierras, denuncia dirigente
Un dirigente campesino de Pando acusa al INRA de conocer a los traficantes de tierras y no actuar. Faifer Cuajera sostuvo que el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria sabe quiénes cometen el delito, pero se hace el desentendido.
Denuncia contra el INRA por inacción frente al tráfico de tierras
El dirigente de los campesinos de Pando, Faifer Cuajera, afirmó a la ANF que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) conoce la identidad de los traficantes de tierras. Cuajera declaró: “Ellos saben quiénes son los que trafican la tierra, ellos saben y se hacen de la vista gorda”. La acusación se produce en el contexto de la marcha de campesinos de Pando y Beni que exigen la abrogación de la Ley 1720, que permite la conversión de pequeñas en medianas propiedades.
Respuesta del Gobierno y conflicto por la Ley 1720
El viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez, recordó que el latifundio está prohibido por la Constitución y pidió a la ciudadanía denunciar los casos. La marcha contra la Ley 1720 cuenta con el respaldo de una facción de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, la COB y la Federación de Campesinos Tupac Katari. Por otro lado, el Comité Cívico Pro Santa Cruz y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) rechazan la abrogación de la norma, que consideran clave para la producción agrícola. El senador Branko Marinkovic, impulsor de la ley, defendió a los productores cruceños, afirmando que el 80% de los asociados a la CAO son pequeños productores.
Origen del conflicto: la Ley 1720
El conflicto surge por el pedido de abrogación de la Ley 1720, que permite convertir pequeñas propiedades en medianas. La demanda de los marchistas, llegados de Pando y Beni, ha dividido a sectores sociales y productivos del país.
Implicaciones de la división entre marchistas y productores
La acusación de Faifer Cuajera añade presión sobre el INRA en medio de una pugna por la tenencia de la tierra. La defensa de la ley por parte del sector agropecuario de Santa Cruz y el rechazo de los campesinos reflejan un conflicto que el gobierno debe gestionar con datos verificables.
