El Gobierno reduce a 30 días el plazo para cerrar empresas deficitarias
El artículo 7 del proyecto de Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2026 establece un plazo de 30 días para decidir la continuidad, reorganización o disolución de empresas públicas del nivel central. La medida busca un saneamiento estructural y reducir el déficit del 16% al 9%.
Diagnóstico exprés para la reestructuración estatal
La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) deberá realizar en un mes un diagnóstico integral de todas las empresas públicas del nivel central. El informe se remitirá al Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (Coseep), que podrá aprobarlo, devolverlo o rechazarlo. Si se da luz verde, el ministerio del sector activará decretos o leyes para ejecutar la transformación o liquidación.
Empresas bajo lupa y deudas millonarias
Entre las empresas más observadas figuran Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), con pérdidas multimillonarias y un endeudamiento superior al 4.000%; la aerolínea TAM, con deuda superior al 4.097%; además de ABE, BoA, Quipus y Emapa, todas con balances negativos. El nuevo marco ordena que los ministerios sectoriales remitan información para establecer responsabilidades por pasivos heredados bajo la Ley 1178.
Plan de ajuste combina recortes y créditos externos
El anteproyecto propone cerrar fideicomisos públicos inactivos, convertir obligaciones del Fondo para la Revolución Industrial Productiva a moneda nacional y autorizar al Ministerio de Economía a contratar hasta 3.500 millones de dólares en créditos externos para apoyo presupuestario. La propuesta refleja una combinación de recortes internos con financiamiento internacional para sostener la estabilización.
Reacciones divididas en la Asamblea Legislativa
La diputada Claudia Bilbao (PDC) defendió el consenso para aprobar con rapidez un presupuesto que considera urgente. Su colega Sandra Rivero (PDC) pidió revisar caso por caso, citando a Quipus como ejemplo de posible reactivación tecnológica. En la oposición, Sofía Rocha (Libre) calificó el proyecto como una administración política de la crisis. Rolando Pacheco (AP) habló de improvisación y anunció una fiscalización técnica. El documento espera su ingreso formal a la Asamblea Legislativa para pasar a la Comisión de Planificación por hasta 15 días antes de llegar al pleno.
Antecedentes: empresas creadas durante el MAS en el punto de mira
La revisión de empresas creadas o fortalecidas durante los años del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Gobierno abre un frente político delicado. El recorte de tiempos revela la urgencia del Ejecutivo por mostrar señales de austeridad, en un marco donde el nuevo PGE intenta bajar el déficit del 16% heredado a cerca del 9%, mientras busca frenar la emisión monetaria.
Implicaciones del nuevo plazo de 30 días
La compresión del plazo de 90 a 30 días para determinar el futuro de las empresas públicas supone un punto sensible de la modificación presupuestaria, al apuntar directamente al compromiso de campaña del Ejecutivo de realizar un saneamiento estructural. La medida pretende mostrar señales de austeridad en un contexto de déficit elevado y estabilización frágil, aunque abre un frente político delicado al revisar empresas del periodo del MAS.
