Raúl Uría acumula cuatro años sin trabajo por proceso judicial
Cuatro años sin poder trabajar legalmente es el costo que el exdirigente yungueño Raúl Uría afirma haber sufrido mientras espera un nuevo juicio por tráfico ilícito de armas y porte de armas. El Ministerio Público debe presentar nuevamente la acusación formal, y el Ministerio de Gobierno continúa como parte acusadora. Uría espera en incertidumbre la resolución de su caso.
Impacto de las medidas sustitutivas en la vida del exdirigente
Raúl Uría señaló que lleva cerca de cuatro años sin poder trabajar legalmente. Entre el tiempo en prisión y el periodo bajo restricciones, ha visto limitada cualquier posibilidad de generar ingresos. Las condiciones incluyen la prohibición de ejercer actividades laborales y la obligación de registrar su presencia mediante control biométrico tres veces por semana.
Indefinición judicial y nuevo juez
Uría presentó sus descargos hace tres semanas. Su proceso está ahora en manos de un nuevo juez, lo que prolonga la indefinición sobre su situación. Los cargos de tráfico ilícito de armas y porte de armas se mantienen sin modificaciones.
Origen del caso: detención en conflicto cocalero
Uría fue detenido el 15 de septiembre de 2022 en La Paz, en medio de un conflicto por el control del mercado de coca en los Yungas. Su aprehensión se produjo sin orden judicial y derivó en una imputación por delitos de tenencia de explosivos y presuntos vínculos con tráfico de armas. El caso se enmarca en hechos de violencia como la quema del mercado de coca de Villa El Carmen.
Presiones para admitir delitos y prolongada detención
La defensa de Uría sostuvo que no existían pruebas materiales y que la acusación se sustentaba en informes de inteligencia. Pese a ello, la justicia dispuso su detención preventiva en el penal de San Pedro durante 22 meses. Uría denunció presiones para acogerse a un procedimiento abreviado y declararse culpable a cambio de beneficios, lo que implicaba admitir delitos que no cometió. También relató amenazas de enfrentar una condena de hasta 15 años si no aceptaba esa alternativa. En mayo de 2023, un juez determinó que podía defenderse en libertad con medidas sustitutivas como detención domiciliaria, arraigo y una fianza elevada. Salió del penal en julio de 2024 bajo un régimen de libertad restringida.
Implicaciones de un caso sin resolución
El proceso judicial de Raúl Uría permanece en un estado de incertidumbre legal y personal. Las restricciones laborales y la prolongada espera afectan su capacidad de generar ingresos y su vida cotidiana. El desenlace depende de la nueva acusación del Ministerio Público y la decisión del nuevo juez, sin que se vislumbre una resolución inmediata.
