La Contraloría activa arraigo de seis meses para autoridades salientes
La Contraloría General del Estado activó un arraigo de seis meses para gobernadores, alcaldes, concejales y personal jerárquico que cesan funciones en todo el país. La medida busca garantizar su disponibilidad durante las auditorías de gestión.
Medida de control para la transición
La Contraloría remitió a Migración un listado nacional de autoridades salientes. El gerente departamental en Santa Cruz, Glauco Montero, explicó que la disposición responde a la Ley 1709, modificada en febrero de 2026. Las autoridades deberán permanecer en el país durante seis meses mientras se desarrollan las auditorías.
Alcance de la restricción migratoria
La medida alcanza a gobernadores, alcaldes, concejales y secretarios salientes. El listado fue remitido a Migración para que aplique las restricciones correspondientes durante el periodo establecido. Montero precisó que el objetivo es asegurar la disponibilidad de las autoridades durante los procesos de auditoría.
Acceso a contratos para nuevas autoridades
La Contraloría envió notas al gobernador electo de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, y al alcalde electo, Manuel Saavedra, para que puedan revisar documentación. Montero indicó que la institución cuenta con un registro de contratos reportados mensualmente por las entidades públicas. Esto permite reconstruir información en caso de vacíos documentales y facilitar el cruce de datos.
Colaboración con nuevas gestiones
El objetivo es que las autoridades electas accedan a registros de contratos y procesos administrativos de los últimos años. Montero señaló que podrán obtener un listado completo de contratos y procesos judiciales para fortalecer la transparencia en el inicio de nuevas gestiones.
Coordinación con unidades de auditoría interna
La Contraloría trabaja con las unidades de auditoría interna de cada institución para garantizar cierres de gestión con estándares técnicos. Montero sostuvo que el control gubernamental es un sistema integral que depende de la visión de la máxima autoridad ejecutiva. La supervisión busca asegurar objetividad en los informes y evitar interferencias.
