Un adolescente francés se enfrenta a la cárcel en Singapur por lamer una pajita
Un joven de 18 años fue procesado por causar molestias públicas y daños tras lamer una pajita de una máquina expendedora y devolverla a su lugar. Didier Gaspard Owen Maximilien publicó un vídeo en Instagram que después se difundió ampliamente. La empresa propietaria de la máquina, iJooz, reemplazó las 500 pajitas del dispensador. Si es declarado culpable, Maximilien enfrenta una condena máxima de más de dos años de prisión y multas.
Acto viral y consecuencias inmediatas
El incidente ocurrió el 12 de marzo en un centro comercial de Singapur. Maximilien publicó el vídeo como una historia de Instagram con el texto «la ciudad no es segura». Muchos usuarios reaccionaron con repulsión y el vídeo fue republicado en una página comunitaria y recogido por medios locales.
Medidas de la empresa afectada
iJooz comunicó al medio Channel NewsAsia (CNA) que presentó una denuncia policial e inició protocolos de saneamiento e inspecciones en su máquina. La empresa también sustituyó la totalidad de las 500 pajitas del dispensador de la máquina afectada.
El papel de la escuela y la situación legal
Maximilien es estudiante de la filial en Singapur de la Essec Business School. Un portavoz del centro indicó a medios que estaba al tanto del incidente y que se realizaban investigaciones internas. Sus abogados informaron a CNA que los padres del joven volaron a Singapur y que un representante de la escuela actuaría como su fiador. El caso se verá de nuevo en el tribunal el 22 de mayo.
Antecedentes del caso: un vídeo que se volvió viral
El pasado 12 de marzo, Maximilien lamió una pajita de una máquina expendedora de zumo de naranja en un centro comercial y la devolvió al dispensador. Grabó la acción y la subió a Instagram, lo que provocó una ola de críticas y la intervención de las autoridades de Singapur.
Implicaciones del proceso judicial
El joven se enfrenta a cargos por causar molestias públicas y cometer actos de sabotaje o daños. La defensa tratará de evitar la pena máxima de más de dos años de cárcel y las multas millonarias. El caso ha puesto de relieve la estricta legislación de Singapur sobre el orden público y la seguridad sanitaria.
