El Gobierno impugna la Ley 1720 ante el Tribunal Constitucional

El Ejecutivo presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 1720 de conversión de tierras y estudia una medida cautelar para paralizar su aplicación mientras se espera el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Impugnación y medida cautelar ante la marcha campesina

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, informó que el Gobierno solicitó al Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad para determinar si la Ley 1720 es constitucional. Además, el Ejecutivo analiza reforzar la solicitud con medidas cautelares para suspender temporalmente los efectos de la norma. «Si no nos llega la respuesta en estos días, vamos a reforzar con una segunda solicitud de cautelar esa norma, que quede suspendidos sus efectos», afirmó Paredes.

Acuerdos parciales con los movilizados

El viceministro detalló que, en las reuniones con los campesinos, estos pidieron la abrogación de la ley por considerarla inconstitucional. Ante esto, el Ejecutivo propuso consultar al Tribunal Constitucional. Paredes señaló que también se avanzó en otros acuerdos, como la agilización de la titulación de tierras pequeñas y comunitarias, auditorías a procesos de dotación y la modernización del INRA. «El grueso son demandas auténticas, legítimas», sostuvo.

La Ley 1720 y su entrada en vigor

La Ley 1720, promulgada por el presidente Rodrigo Paz a fines de marzo y vigente desde el 10 de abril de 2026, permite la reconversión voluntaria de tierras para facilitar el acceso al crédito formal hipotecando pequeñas propiedades. Sectores de Beni y Pando rechazan la norma y exigen su abrogación.

La marcha continúa hacia La Paz

Pese a los avances en las negociaciones, la marcha de organizaciones indígenas y campesinas continúa rumbo a la sede de Gobierno en medio de condiciones climáticas adversas. Los movilizados insisten en la anulación de la norma y en soluciones estructurales sobre la propiedad de la tierra.