Evo Morales y Ávila del TSE disputan sobre la suspensión del balotaje en La Paz
La aplicación de la Ley 026 del Régimen Electoral, promulgada en 2014 durante el gobierno de Evo Morales, es el centro de una polémica entre el expresidente y el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila. El conflicto surge tras la cancelación de la segunda vuelta para la Gobernación de La Paz.
Intercambio de acusaciones por la norma electoral
El lunes, Gustavo Ávila afirmó que Evo Morales debería disculparse por cuestionar la aplicación de la ley. Ávila señaló que la norma, que estipula la cancelación de la segunda vuelta si un candidato se retira, fue aprobada durante la gestión de Morales. La medida se aplicó tras la declinación de la candidatura de NGP, que dejó a René Yahuasi sin oponente para enfrentar a Luis Revilla.
Morales califica la decisión como un «asalto» a la democracia
Evo Morales, a través de redes sociales, calificó la suspensión como un “asalto” a la democracia. Alegó que la población paceña fue “impedida de votar” y que Revilla carecía de legitimidad. En un nuevo post este martes, Morales subrayó que Ávila omitió considerar la Constitución de 2009, argumentando que la ley no debe restringir los derechos políticos.
Ávila defiende la legalidad y sugiere reformas
El presidente del TSE mantuvo que la decisión fue legal y conforme a la normativa. Criticó a Morales por atacar al Órgano Electoral tras haber aprobado la ley. No obstante, Ávila reconoció la necesidad de reformar la normativa electoral para evitar situaciones similares en el futuro.
Antecedentes de la ley en disputa
La polémica gira en torno a la Ley 026 del Régimen Electoral, promulgada en 2014 durante la gestión de Evo Morales. Esta ley contiene el artículo que el TSE aplicó para cancelar el balotaje en La Paz tras la retirada de un candidato.
Implicaciones del conflicto institucional
El intercambio de acusaciones pone en evidencia un desacuerdo sobre la interpretación legal entre el expresidente y la máxima autoridad electoral. El conflicto destaca la aplicación concreta de una ley y abre un debate público sobre la necesidad de su reforma.
