Gobernaciones entregan baja ejecución presupuestaria y déficits a nuevas autoridades
Seis de nueve gobernaciones cerraron 2025 con déficit en sus finanzas corrientes. El diagnóstico, previo al debate del 50/50, muestra un patrón común de baja ejecución inicial en 2026 y alta presión por gastos en sueldos.
Ejecución lenta y herencia fiscal compleja
En los dos primeros meses de 2026, ninguna gobernación superó el 10% de ejecución de su presupuesto. Santa Cruz ejecutó un 7,5% y La Paz un 5,07%. Esta baja ejecución inicial es habitual, pero define el ritmo de trabajo para los nuevos gobernadores. La herencia de 2025 muestra que seis departamentos, incluidos Santa Cruz (-Bs 43 millones) y Cochabamba (-Bs 40 millones), tuvieron déficit corriente. Solo La Paz, Oruro y Potosí reportaron superávit.
El peso asfixiante del gasto corriente
El pago de servicios personales (sueldos) es el componente principal del presupuesto. En Cochabamba representó el 52,2% de su presupuesto en 2025, en La Paz el 49,5% y en Santa Cruz el 47,9%. Este peso limita la capacidad de inversión pública de las gobernaciones.
Dependencia financiera y deuda flotante
Los ingresos propios son minoritarios. La principal fuente son las transferencias corrientes del gobierno central, que en Cochabamba supusieron el 65,7% de su presupuesto. Potosí y Tarija son casos particulares por su dependencia de regalías. Además, las nuevas autoridades heredan deuda flotante. Aunque se redujo respecto a 2025, Santa Cruz mantiene Bs 33,1 millones por pagar y Beni Bs 5 millones.
Un escenario previo al debate del 50/50
El presidente Rodrigo Paz planteó discutir la redistribución de recursos con el planteamiento del 50/50. Este diagnóstico financiero de las gobernaciones, con baja ejecución, déficits y alta dependencia de transferencias, establece el contexto base para ese debate fiscal.
El reto de la solvencia departamental
Las nuevas autoridades departamentales inician su gestión con el reto de mejorar la ejecución presupuestaria y manejar presiones de gasto heredadas. La situación financiera descrita, marcada por la dependencia de recursos centrales y limitada autonomía, define las condiciones para lograr solvencia en el marco del próximo pacto fiscal.