Gobierno de Trump pide al Supremo mantener en secreto registros de DOGE
El Departamento de Justicia busca bloquear una orden judicial que exige transparentar operaciones del proyecto liderado por Elon Musk. La apelación urgente, presentada este miércoles, pretende evitar la divulgación de documentos sobre despidos y recortes en agencias federales.
«Confidencialidad presidencial en juego»
El abogado general John Sauer argumenta que DOGE solo asesora al presidente y no tiene autoridad decisoria, por lo que estaría exento de la Ley de Libertad de Información (FOIA). Sin embargo, el juez Christopher Cooper determinó en marzo que DOGE dirigía recortes en múltiples agencias, lo que lo haría sujeto a FOIA.
Batalla legal acelerada
Es la decimocuarta solicitud urgente que la administración Trump lleva al Supremo en su segundo mandato. El tribunal de apelaciones de D.C. ha emitido fallos contradictorios: un panel frenó la orden de Cooper en abril, pero otro la avaló la semana pasada.
Operación opaca con líder difuso
Aunque Elon Musk fue públicamente vinculado a DOGE, la Casa Blanca identificó tardíamente a Amy Gleason como administradora. Grupos de trabajo de DOGE han actuado en agencias como Seguridad Social y USAID «con mandatos y jerarquías poco claros», según jueces que bloquearon su acceso a datos sensibles.
Impacto en la transparencia
Si el Supremo acepta la apelación, la revelación de documentos podría retrasarse hasta 2026. Mientras, CREW (el grupo demandante) insiste en que «DOGE evade la rendición de cuentas», según su portavoz Jordan Libowitz.
Un proyecto nacido entre sombras
DOGE, creado para optimizar el gasto federal, ha operado desde 2024 con escasa supervisión. Su ubicación en la Oficina Ejecutiva del Presidente genera debate: mientras algunas áreas similares cumplen con FOIA, otras están exentas.
La pelota está en el techo del Supremo
La decisión del tribunal definirá el alcance de la transparencia gubernamental en iniciativas de asesoría presidencial. El caso podría sentar precedente sobre el acceso a registros de proyectos con impacto directo en servicios públicos.