Lafarge condenada en Francia por financiar al EI en Siria
La empresa cementera Lafarge ha sido declarada culpable de pagar 6,5 millones de dólares a grupos yihadistas para mantener operativa su planta en Siria entre 2013 y 2014. Un tribunal de París impuso penas de prisión a ocho exdirectivos.
Una asociación comercial con el terrorismo
El tribunal determinó que los pagos, realizados entre 2013 y septiembre de 2014, constituyeron una «verdadera asociación comercial» con el grupo autodenominado Estado Islámico (EI). La jueza Isabelle Prevost-Desprez afirmó que el único propósito era mantener la fábrica en funcionamiento por razones económicas.
Destino de los fondos y grupos beneficiados
Los pagos incluyeron 800.000 euros para garantizar un paso seguro de los empleados y 1,6 millones para comprar materiales de canteras controladas por el EI. Además de al EI, Lafarge financió al Frente al-Nusra, afiliado a Al-Qaeda.
Condenas para los responsables
El exconsejero delegado Bruno Lafont fue condenado a seis años de prisión. El exdirectivo Christian Herrault recibió cinco años, y Firas Tlass, el empleado sirio que realizaba los pagos, fue sentenciado en ausencia a siete años. Lafarge, ahora propiedad del grupo suizo Holcim, fue multada con más de un millón de euros.
La defensa de la empresa
Herrault argumentó que la decisión de mantener la fábrica abierta se tomó por preocupación por el personal local. «Podríamos habernos lavado las manos y marcharnos, pero ¿qué habría pasado con los empleados?», declaró.
Antecedentes: una fábrica en zona de guerra
La planta de Jalabiya, en el norte de Siria, fue comprada por Lafarge en 2008 e inició operaciones en 2010, meses antes del estallido de la guerra civil. Los empleados necesitaban cruzar el río Éufrates para acceder a las instalaciones.
Cierre: repercusiones y proceso en curso
Este es el primer caso en Francia donde una empresa es juzgada por financiar el terrorismo. Una investigación separada por complicidad en crímenes contra la humanidad sigue en curso. El caso precede a un acuerdo de 2022 en Estados Unidos, donde Lafarge admitió los hechos y aceptó pagar una multa de 777,8 millones de dólares.
