Estudio oficial prevé caída del 22% del PIB en 2075 sin inmigración

Un informe de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE) proyecta el impacto económico y demográfico de restringir la inmigración. El análisis compara escenarios con las políticas actuales y con una reducción del 30% en los flujos migratorios anuales.

Consecuencias económicas inmediatas y a largo plazo

El documento técnico estima una reducción del Producto Interior Bruto (PIB) del 5% para 2035, del 14% para 2055 y del 22% para 2075 si se limitan las llegadas. La ONPE defiende que la población inmigrante contribuye entre el 15% y el 25% al aumento anual de la renta media y cubre vacantes en sectores con alta demanda de mano de obra.

Colapso demográfico en el mundo rural

El informe advierte que, sin estos trabajadores, más de 220.000 explotaciones agroalimentarias podrían abandonarse en cincuenta años. Esto conllevaría el abandono de hasta 2.300 municipios pequeños, el 20% del total, especialmente en provincias del oeste como Orense o Zamora. La cadena de consecuencias incluiría el cierre de miles de aulas y centros de salud comarcales.

Crisis en los servicios públicos esenciales

Los analistas prevén una caída del 28% en la oferta de cuidados a mayores dependientes, un sector donde en Madrid el 90% de los trabajadores son de origen migrante. El sistema sanitario perdería unos 64.000 médicos, agravando las listas de espera actuales. El estudio cita cálculos que indican la necesidad de incorporar cerca de 483.601 trabajadores adicionales en el sector de los cuidados.

Antecedentes: Un debate con argumentos técnicos

El Gobierno de Pedro Sánchez defiende una política migratoria abierta. La ONPE, coordinada por Ángel Alonso Arroba, ha elaborado este informe para aportar argumentos técnicos al debate, proyectando los efectos hasta 2075. España alcanzó esta semana un récord histórico de 22 millones de trabajadores ocupados, cifra que los expertos vinculan parcialmente al flujo migratorio.

Cierre: Presión sobre el sistema de pensiones

El análisis concluye que limitar la inmigración tensionaría la financiación de las pensiones. Los economistas del estudio estiman que serían necesarios 2.000 euros adicionales por pensionista en 2075 para mantener el nivel actual de prestaciones. El mayor impacto en las arcas públicas se producirá entre 2050 y 2060, con la jubilación de la generación X.