Abogado revela acuerdo confidencial entre exministro Siles y magistrada víctima

El abogado Alberto Morales informó que su cliente, el exministro de Justicia César Siles, y el expresidente del TDJ de La Paz, Yván Córdova, lograron un «acuerdo confidencial» con la magistrada del TSJ Fanny Coaquira. Según Morales, las partes solicitaron a la Fiscalía reclasificar los delitos investigados –consorcio ilegal, uso indebido de influencias y organización criminal– por el de encubrimiento, que tiene una pena menor.

Solicitud conjunta para cambiar la acusación

El letrado manifestó que la víctima y los imputados presentaron un memorial conjunto ante el Ministerio Público. En él, solicitan formalmente que la investigación por los delitos originales sea cambiada a una por el delito de encubrimiento. Morales argumenta que esta figura delictiva tiene una pena máxima de dos años, lo que la hace susceptible de un eventual perdón judicial, y destacó que sus clientes no tienen antecedentes penales.

Detalles y consecuencias del pacto

El abogado evitó dar detalles específicos del acuerdo, pero señaló que incluye una reparación económica y psicológica para la magistrada Coaquira. El objetivo final de este pacto es excluir a Siles y Córdova de la investigación actual. Morales agregó que, de no obtener respuesta de la Fiscalía, llevarán la solicitud ante un juez.

Antecedentes del caso y situación procesal

La investigación, conocida como «caso consorcio», comenzó tras una denuncia de la magistrada Fanny Coaquira, quien alegó que buscaban destituirla de su cargo en el TSJ de manera irregular. En junio de 2025, un juez ordenó la detención preventiva de Siles en la cárcel de Patacamaya por cinco meses, pero el exministro solo cumplió dos meses en arresto domiciliario y luego permaneció internado en una clínica alegando problemas de salud.

Cierre: Expectativa por la decisión fiscal

El proceso ahora depende de la decisión de la Fiscalía sobre la solicitud de reclasificación del delito. La aceptación de esta petición conjunta entre víctima e imputados cambiaría el curso legal de la investigación, reduciendo significativamente el potencial riesgo penal para los acusados. Las partes aguardan el pronunciamiento oficial.