TCP alerta retraso en causas por ley estancada en la Asamblea Legislativa
Más de 700 causas no han podido ser sorteadas debido al estancamiento del proyecto de Ley 022 en la Asamblea Legislativa. Este retraso impide la designación de magistrados faltantes y la formación de quórum para emitir sentencias.
Un cuello de botella legislativo
La presidenta del TCP, Paola Prudencio, afirmó que con los magistrados electos ya se sortearon más de 2.000 causas, pero la cifra podría haber alcanzado las 2.700 si la ley se hubiera tratado a tiempo. El proyecto fue aprobado en comisión en enero pero no ha sido agendado para su tratamiento en el pleno de la Cámara de Diputados.
Consecuencias inmediatas en la justicia
El magistrado Edson Dávalos explicó que, aunque la comisión de admisión trabaja con normalidad, no se puede emitir sentencias por falta de quórum. Este estancamiento afecta directamente a la población litigante que espera la resolución de sus acciones legales.
Contenido y plazo de la ley pendiente
El proyecto de Ley 022 de Régimen Transitorio establece como fecha límite el 30 de junio de 2026 para la elección de los magistrados faltantes. Además, prohíbe cualquier forma de autoprórroga en el TCP, el TSJ, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
Un llamado a la acción legislativa
Prudencio exhortó a los legisladores a agilizar el tratamiento y sanción del proyecto. Aseguró que la norma no beneficiará a los magistrados electos, sino a la ciudadanía que requiere respuestas judiciales.
Antecedentes de la normativa estancada
El proyecto, que consta de cinco artículos y varias disposiciones transitorias, fue remitido al pleno de la Cámara de Diputados en enero de 2026 tras su aprobación en la comisión de Constitución. Incluye previsiones para garantizar el funcionamiento de la sala plena y la comisión de admisión del TCP durante un periodo excepcional.
Cierre: Implicaciones del retraso
La demora en la aprobación de la ley mantiene al TCP sin la capacidad plena para resolver causas. Las autoridades judiciales en funciones deberán cesar automáticamente al vencimiento de su mandato, bajo riesgo de ser procesadas, según lo establecido en el proyecto normativo pendiente.
