Defensor catalán y Parlamento investigan abusos de jesuitas en Bolivia
El Síndic de Greuges de Cataluña ha incorporado la queja a una actuación de oficio ya en curso. La institución catalana asume el caso, que trasciende la jurisdicción internacional, por su rol en la protección de derechos de menores. En paralelo, el Parlamento de Cataluña admitió a trámite una petición para crear una comisión de investigación.
Dos instituciones catalanas asumen las peticiones
El Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo de Cataluña) confirmó el 27 de marzo que incorpora la solicitud de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS). La tramitación no suspende actos judiciales o administrativos. Por otro lado, el Parlamento de Cataluña admitió a trámite la petición de la CBS para una comisión que investigue delitos de lesa humanidad. La decisión final recae en la Comisión de Peticiones.
Nuevas denuncias penales en Santa Cruz
Dos víctimas del jesuita Luis María Roma Padrosa presentaron una denuncia penal el 27 de marzo en la Fiscalía de Santa Cruz. Acusan a cuatro ex provinciales jesuitas y un sacerdote de complicidad y encubrimiento por presuntos abusos en Charagua. Los denunciados son Ignacio Suñol, Antonio Menacho, Osvaldo Chirveches, René Cardozo y Arturo Moscoso.
Antecedentes judiciales en Bolivia
El 5 de septiembre de 2025, tribunales de Cochabamba declararon culpables por encubrimiento a los ex provinciales jesuitas Ramón Alaix Busquets y Marcos Recolons de Arquer. La sentencia impuso pena privativa de libertad, pago de costas y reparación de daños civiles. También ordenó ampliar la investigación contra todos los ex provinciales y jesuitas nombrados.
Un caso con repercusión internacional
El jurista Alejandro Klock Varas, representante legal de la CBS, afirma que los casos «nacen» en Cataluña, por ser la provincia madre de la Compañía de Jesús en Bolivia desde los años 50. Para el vocero de los sobrevivientes, Pedro Lima, la intervención de instituciones catalanas marca un punto de inflexión. El Presidente de la CBS, Wilder Flores, señala que las víctimas han puesto en cuestión estructuras institucionales que permitieron la impunidad.
