Diputada propone traspasar Derechos Reales al Ejecutivo en 180 días
La diputada Claudia Bilbao (PDC) presentó un proyecto para transferir la administración de Derechos Reales al Ministerio de la Presidencia. La norma plantea mover la base de datos y el sistema informático en un plazo de 180 días. El Consejo de la Magistratura rechazó la iniciativa y advirtió que compromete la seguridad jurídica y los derechos de propiedad.
Argumentos a favor de la transferencia
La legisladora oficialista remitió el proyecto de ley 294 a la Cámara Baja el 4 de marzo. En sus argumentos, señaló que Derechos Reales colapsó y que la falta de interoperabilidad ha causado que un mismo predio tenga hasta tres propietarios. Bilbao considera que, bajo el Ejecutivo, se mejorará la infraestructura tecnológica y la conectividad con otras entidades estatales.
Creación de una nueva dirección
El proyecto dispone la creación de la Dirección Nacional de Registro Propietario (DINAREP). Esta sería una entidad pública descentralizada bajo tuición de la Presidencia. Su función sería establecer mecanismos de interoperabilidad con el Viceministerio de Autonomías, los catastros municipales y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Rechazo formal de la Magistratura
El Consejo de la Magistratura rechazó la iniciativa. Alertó que centralizar la información en un solo órgano del Estado debilitará la confianza en el sistema de propiedad. Advirtió que esta medida facilitaría el acceso a los datos patrimoniales de la población, vulnerando la protección a la propiedad y a la privacidad.
Llamado a un debate técnico
La Magistratura pidió a la Asamblea Legislativa abrir un debate técnico e interinstitucional. Solicitó que se incluya al Órgano Judicial en la discusión. Su postura es que la seguridad jurídica de la propiedad no puede estar sujeta a estructuras de carácter político, sino que debe mantenerse en un sistema institucional independiente.
Antecedentes del conflicto institucional
El proyecto de ley tiene seis artículos y una disposición final. Propone la transferencia de la base de datos, el sistema informático y los archivos al Ministerio de la Presidencia en un plazo de 180 días calendario. Fue enviado a la comisión de Justicia Plural para su tratamiento.
Implicaciones de la centralización
El debate pone en evidencia una tensión entre la modernización administrativa y la independencia institucional. La repercusión principal es la advertencia de que el cambio propuesto podría poner en riesgo derechos constitucionales, como la propiedad y la privacidad, según los artículos 56 y 21 de la Constitución Política del Estado (CPE).
