Defensor cuestiona aprobación sin debate de ley de conversión de propiedad agraria
La Defensoría del Pueblo advierte que la ley PL 157/2023-2024, aprobada con urgencia, podría modificar el régimen jurídico de la pequeña propiedad y eliminar su condición de patrimonio familiar inembargable. La norma, que convierte la pequeña en mediana propiedad, fue sancionada la pasada semana por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con dispensación de trámite, sin un debate amplio.
Procedimiento acelerado y falta de diálogo
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, cuestionó el procedimiento. La ALP aprobó el proyecto a solicitud del jefe de bancada de Libre, Rafael López, usando voto de urgencia. La Defensoría había remitido una nota el 12 de marzo exhortando a un proceso deliberativo con actores sociales y evaluación técnica, la cual fue omitida.
Riesgos identificados por la Defensoría
El análisis técnico de la institución identificó riesgos. La posible pérdida de la condición de patrimonio familiar inembargable dejaría a las familias rurales desprotegidas frente a deudas. Además, la conversión podría empujar a pequeños productores a lógicas de mercado más exigentes sin garantías de competitividad, incrementando el riesgo de endeudamiento o pérdida de tierras.
Impacto en el modelo agrario y la FES
Especialistas advierten que el cambio podría favorecer procesos de concentración de tierras, debilitando el modelo de agricultura familiar. Otro punto crítico es la Función Económica Social (FES). Bajo el nuevo esquema, su cumplimiento podría endurecerse, generando presión sobre productores sin recursos para sostener alta productividad.
Antecedentes: Una ley de impacto estructural
Callisaya remarcó que se trata de una ley que incide directamente en el modelo agrario del país. Por ello, su tratamiento debía sustentarse en criterios técnicos, diálogo social y evaluación integral de impactos, y no limitarse a un trámite formal.
Cierre: Llamado al diálogo para prevenir conflictos
El Defensor insistió en que la deliberación pública es un pilar de la democracia. Convocó al Órgano Ejecutivo a abrir espacios de diálogo amplios e inclusivos. El objetivo es prevenir tensiones sociales y construir consensos sobre este tema estructural para el desarrollo rural, ya que organizaciones rurales advierten que la medida, sin consulta, podría generar conflictos.
