Asosur denuncia que la ANH solo realiza 5 de 22 controles de calidad del combustible
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) solo verifica cinco de los 22 parámetros de calidad en sus laboratorios móviles, según la Asociación de Comercializadores Privados de Hidrocarburos (Asosur). Esta situación impide detectar contaminantes como el manganeso, vinculado a daños en vehículos. La denuncia se produce en medio de protestas por la venta de «gasolina basura» en La Paz.
Controles insuficientes según la normativa
La gerente de Asosur, Carla Zuleta, explicó que los tres laboratorios móviles de la ANH realizan un control básico. Este sistema no puede detectar la presencia de goma ni de manganeso. Los estándares de calidad para los combustibles que comercializa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) están establecidos en el Decreto Supremo 4718, que fija 22 parámetros de control.
Repercusión y acuerdo con transportistas
Las denuncias sobre el combustible provocaron un paro de dos días de choferes federados en La Paz y El Alto. La medida se levantó tras un acuerdo con el Gobierno. El pacto incluye operativos de control en plantas de despacho, la posibilidad de clausurar surtidores con combustible contaminado y un mecanismo de resarcimiento por daños en vehículos.
Posición de los comercializadores privados
Asosur rechaza la clausura de surtidores si se halla combustible defectuoso, argumentando que son el último eslabón de la cadena. Los propietarios de estaciones exigen a la ANH y a YPFB una «muestra testigo» para contrastar si el combustible entregado cumple con los estándares. Zuleta pidió una reunión conjunta con autoridades y transportistas para identificar responsables.
Antecedentes normativos del control
Los estándares de calidad de todos los productos que comercializa YPFB están establecidos en el Decreto Supremo reglamentario 4718. Esa norma establece 22 parámetros de control del combustible antes de su comercialización.
Cierre: Implicaciones del control deficiente
La denuncia de Asosur señala una brecha entre la normativa y la capacidad de control real de la ANH. Esto deja un vacío en la verificación de contaminantes específicos y traslada la responsabilidad a los actores de la cadena de comercialización, mientras los usuarios finales asumen los daños en sus vehículos.
