Gobierno prioriza nueva ley de inversiones para enviar a la Asamblea
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, anunció que la nueva ley general de inversiones es una prioridad dentro de un paquete normativo que el Ejecutivo prepara. El objetivo es otorgar seguridad jurídica a inversores locales y extranjeros. El Gobierno busca consenso en la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación.
Un paquete legal para atraer capital
El ministro Lupo señaló que la reforma de varias leyes es fundamental para generar confianza. “No da seguridad jurídica un decreto, tienen que ser las leyes”, afirmó. El paquete incluye modificaciones a las leyes de Hidrocarburos, Energía, Evaporíticos, sector Agropecuario y Minería, además de la nueva ley de inversiones. Estas propuestas están en desarrollo técnico y se enviarán a la Asamblea.
El camino del consenso parlamentario
El Gobierno trabaja en la elaboración de los anteproyectos desde diciembre de 2025, pero aún no los ha remitido. Lupo adelantó que el trabajo para su aprobación se hará a nivel de la Asamblea, buscando un “consenso importante” con las diferentes fuerzas políticas. El Ejecutivo espera el acompañamiento del legislativo para concretar las normas.
Antecedentes: La ley vigente y el contexto político
Bolivia cuenta con una Ley de Promoción de Inversiones de abril de 2014, un documento de 26 artículos que reguló la adhesión del país a centros de arbitraje. La norma está vinculada a reglamentos de varios ministerios. El anuncio de la nueva ley se produce en un contexto donde, según Lupo, candidatos en pasadas elecciones exigieron aplicar compromisos de campaña, como el acuerdo 50/50 prometido por el binomio Paz-Lara.
Cierre: La urgencia del crecimiento económico
La premura del Gobierno por esta reforma se basa en la necesidad de incrementar los ingresos nacionales mediante nuevas inversiones. Lupo afirmó que “la única forma de hacerlo es con nuevas inversiones, inversiones extranjeras, inversiones locales que nos permitan crecer exportar y alcanzar el progreso”. El diálogo con las nuevas autoridades subnacionales, una vez definidas en balotaje, también se contempla como parte del proceso.
